Construcción de confianza. Un reto para las industrias extractivas
En 1912 fue publicado The Blue Book, un extenso informe que denunciaba las prácticas de la empresa Peruvian Amazon Company, más conocida como la Casa Arana, una industria que operó durante más de veinte años a través de prácticas como la esclavitud, la tortura y el exterminio de las comunidades indígenas del Amazonas. Este informe desencadenó un inmenso repudio en la opinión pública que a su vez propició las acciones políticas y judiciales que llevaron al cierre de la empresa y la condena de sus directivos. Todo un hito en la historia.
He traído este ejemplo a colación, para ilustrar la razón de un imaginario que todavía persiste en la opinión publica respecto de las empresas extractivas, es especial de las que operan en entornos en los cuáles existen ecosistemas físicos y humanos vulnerables, en donde hasta hace relativamente poco las malas prácticas empresariales fueron la norma general.
Actualmente hay que reconocer los innegables avances en cuanto a las exigencias de las legislaciones nacionales sobre el manejo social y ambiental de los posibles impactos y sobre todo, los cada vez más exigentes estándares internacionales a los que la gran mayoría de las empresas formales se acogen voluntariamente como política de responsabilidad social corporativa. Organizaciones y sociedad reclaman modelos de negocio que respeten y promuevan los derechos humanos, que respeten los derechos de los empleados y de su cadena de producción, que luchen contra la corrupción, protejan el medio ambiente y contribuyan a resolver los grandes problemas sociales.
A pesar de eso, la opinión pública mayoritaria, las comunidades y las ONG mantienen un paradigma negativo sobre empresas extractivas y sus proyectos. Los casos exitosos y las buenas prácticas empresariales normalmente no alcanzan difusión en los medios, como sí lo hacen los casos de corrupción, impactos al medio ambiente o desaojo forzado de personas o comunidades, entro otras lacras que desafortunadamente también se presentan.
Además, las empresas social y ambientalmente responsables coexisten con otras organizaciones o personas que siguen laborando sin el cumplimiento de los mínimos requerimientos de ley, sobre todo en cuanto al manejo de los impactos medioambientales que producen o las condiciones de seguridad en las que laboran, como es el caso de la minería ilegal. Es sintomático que el promedio de las personas no distinga entre una y otra y que deliberadamente o no, se pase de puntillas sobre los terribles impactos ecológicos y sociales que produce esta forma de expolio, cuya escala real el público desconoce, ya que en el imaginario colectivo se trata de explotaciones a pequeña escala que usan métodos artesanales, que no pueden ser tan lesivos, lo que no se corresponde con la verdad.
Este clima de desconfianza y escepticismo es lo primero que debe tener en cuenta una empresa responsable que pretenda desarrollar proyectos en este tipo de entornos. Crear confianza en la comunidad es uno de sus mayores retos, porque se trata no sólo de hacer las cosas bien, sino de parecerlo, tener una estrategia de comunicación adecuada para hacer transparente su gestión y que ésta sea conocida por sus grupos de interés.
Construir confianza requiere además, de un conocimiento profundo del entorno que se va a intervenir, conocimiento que incluye la existencia de conflictos sociales, actuales o potenciales, susceptibles de afectar o afectarse con el proyecto. Este conocimiento debe traducirse en una estrategia seria que permita un manejo sistemático de los riesgos e impactos.
Y sobre todo, construir confianza requiere de paciencia, de una estrategia sistemática que respete los tiempos de la comunidad, que tenga flexibilidad y capacidad de adaptación. Nunca hay que perder de vista que la relación es de largo plazo y los resultados, también.
El Caso Cerro Matoso
La minera colombiana Cerro Matoso S.A. se sitúa en el departamento de Córdoba y produce ferroníquel, aleaciones de hierro y níquel. Está controlada por el grupo multinacional BHP Billiton y tiene un horizonte de reservas estimado en 15 años. La mina comenzó su explotación hace 30 años, en un entorno especialmente conflictivo, por la acción de grupos armados ilegales y la presencia de comunidades vulnerables, entre las que se cuentas indígenas Zenúes. La presencia institucional en ese entorno era apenas existente y había graves carencias en las necesidades básicas de la población.
Los aportes de la empresa a la comunidad, en especial en programas de educación, salud y disminución de la pobreza, entre otros, se canalizaron a través de la Fundación San Isidro, organización muy bien recibida entre la población local y que se financiaba exclusivamente con aportes de la empresa
Además, la empresa cumple con los estándares internacionales más exigentes en materia de manejo ambiental, ofrece muy buenas condiciones laborales y está comprometida con el fomento de la proveeduría local desde sus comienzos. Su reporte anual, elaborado bajo la metodología GRI G4 ha obtenidos reconocimiento en dos ocasiones.
Sin embargo, entre los años 2012 y 2013 fue objeto de serias denuncias por parte de las comunidades indígenas que habitan en el entorno, por afectaciones a la salud que consideraban provocadas por la explotación minera. Además, denunciaron contaminación de suelos y aguas con sustancias tóxicas.
Como primera medida, encontraron que la población no relacionaba a la Fundación San Isidro con la empresa, así que cambiaron la denominación de la misma por Fundación Cerro Matoso. Además, tras una consulta de expectativas, encontraron que el problema de fondo era comunicacional: No había canales establecidos para el diálogo con las comunidades, quienes percibían distancia y exclusión por parte de la empresa.
Además. La población más cercana al yacimiento, un asentamiento de 600 personas, habitado por indígenas Zenúes llamado “Pueblo Flecha”, presentaba niveles de pobreza y NBI verdaderamente alarmantes.
La minera mantiene desde 2013 un diálogo constante con las comunidades en procura de garantizar una producción sostenible a nivel ambiental y social, y también un futuro para cuando acabe la explotación.
Además, anualmente hace una rendición de cuentas pública, a la que invita a sus diferentes públicos de interés.
El diálogo ha sido posible gracias al acercamiento de la empresa, en cabeza de su presidente con los líderes comunales, en especial los pertenecientes a la etnia Zenú, a través de una alianza público-privada que involucra también a las administraciones locales y cuyos resultados son visibles.
Pueblo Flecha ha experimentado un cambio extremo que se aprecia en sus 100 viviendas nuevas, levantadas al lado de las dos calles principales perfectamente delineadas y canalizadas, cuyo mejoramiento financió la empresa. En cuanto a las viviendas, la minera aportó 64 y la administración local, las restantes 46. Actualmente se trabaja en la remodelación de la escuela y el suministro de agua potable para sus moradores.
Con quince años de antelación, la empresa ha empezado a implementar un programa que busca garantizar la sostenibilidad de la región luego de que la mina cierre y que ha denominado el “Proyecto Legado”, para construir una región que no dependa económicamente de Cerro Matoso y que encuentre otras vocaciones y posibilidades más allá de las que hasta ahora ha brindado la minería.
Además, la empresa adelanta en la actualidad un estudio a profundidad para evaluar todos los aspectos clínicos y ambientales que pueden estar incidiendo en los problemas de salud denunciados por las comunidades, para determinar claramente su causa y reforzar las medidas de gestión en caso necesario.
Una empresa responsable debe crear valor para sí misma, pero también para sus grupos de interés. Y eso sólo puede lograrlo construyendo relaciones a largo plazo, cuyo soporte es la confianza.
Clara Inés Mateus Hoyos
Consultora RSE.
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