Es una práctica habitual que las industrias financien investigaciones favorables a sus tesis y más de un científico ha visto su reputación en entredicho por aceptar el dinero corporativo.
El pasado 16 de marzo, en el curso de una acción judicial contra Monsanto, la Justicia Federal de Estados Unidos* desclasificó más de 250 páginas de correspondencia interna de la empresa agroquímica, donde se muestra que la empresa se preocupaba, ya desde 1999, por el potencial mutagénico del glifosato, el ingrediente activo de su producto estrella, el Roundup, y la molécula fitosanitaria más usada en el mundo.
Para Monsanto, el caso es crucial: el Roundup es la piedra angular de su modelo de negocio, basado en la venta asociada de los pesticidas y los cultivos transgénicos que la toleran.
Estos documentos internos de la empresa se hicieron públicos como parte de una acción colectiva presentada ante un tribunal federal de California por varios cientos de trabajadores agrícolas afectados por el linfoma de Hodgkin (cáncer linfático). Sobre la base de un dictamen publicado en marzo de 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), los demandantes atribuyen su enfermedad al contacto prolongado con el herbicida comercializado por Monsanto.
De la documentación filtrada se revelan varios temas:
- Primero, en varias comunicaciones fechadas en 1999 queda patente la preocupación interna por el potencial mutagénico del glifosato. A tenor de las expresiones utilizadas, la empresa no parece estar del todo convencida de que su producto sea inocuo.
- Y segundo, los mails revelan la intención de Monsanto de «encontrar a personas que puedan influir en los reguladores» para «llevar a cabo operaciones de comunicación científica de cara al público en las que se cuestione la genotoxicidad» del glifosato. La empresa incluso habla de «escribirle una parte del trabajo» a esas personas dispuestas a actuar en connivencia con sus intereses.
Dicho de otro modo, los mails sugieren que Monsanto actuó como ‘ghost writter’ (autores en la sombra) de supuestas investigaciones atribuidas a científicos independientes. Investigaciones que ha venido usando todos estos años como evidencia para refutar los supuestos riesgos de su compuesto y desacreditar a quienes les acusan de estar vendiendo un producto dañino para la salud.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, calificó al glifosato como producto «potencialmente cancerígeno». Desde Monsanto y desde la patronal del sector de los pesticidas se defendió el carácter inocuo del químico. Pero la OMS a finales de aquel año defendía su clasificación del glifosato como posible cancerígeno.
Desde entonces, organizaciones ecologistas, agrupaciones de consumidores, instituciones públicas y agentes de la industria agroquímica se esfuerzan por argumentar unos y desmentir los otros, los supuestos efectos perjudiciales del glifosato para la salud humana. Peligros que abarcan desde trastornos en el embarazo y problemas reproductivos, hasta enfermedades endocrinas como el cáncer de mama, el cáncer testicular o el de próstata.
Otras agencias sin embargo, han negado estos efectos cancerígenos. Esta misma semana, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) informaba de que no ha hallado evidencias de que el glifosato sea cancerígeno o cause problemas graves de salud. «El Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA ha concluido que las pruebas científicas disponibles no cumplen los criterios para clasificar el glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción», señaló la agencia europea en un comunicado.
En el caso de la EPA, la agencia medioambiental estadounidense, los documentos muestran desacuerdos en la evaluación de los efectos del glifosato. En particular, los mails indican que un oficial de la EPA, Jess Rowland, oficial senior en la oficina de programas de pesticidas, habría trabajado en confabulación con Monsanto para anular un trabajo de revisión del glifosato que debería haber llevado a cabo el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.
El juez del caso ha manifestado la intención de interrogar a este funcionario para investigar su posible relación «altamente sospechosa» con Monsanto. El ex funcionario dejó su trabajo el año pasado después de que su informe se filtrase a la prensa.
Al hilo de estas revelaciones, Monsanto ha emitido un comunicado en el que se reafirma en su postura de que el glifosato no es cancerígeno.
«Las alegaciones de que el glifosato puede causar cáncer en humanos son inconsistentes con décadas de revisiones de seguridad realizadas por las autoridades reguladores líderes en el mundo. Los demandantes han remitido al juez documentos aislados que están siendo interpretados fuera de su contexto«.
En un segundo comunicado, Monsanto afirma que «nuestros científicos no escribieron esos papers», y aprovecha para recordar que todos esos estudios «pasaron por el riguroso proceso de revisión por pares antes de su publicación».
Referencia: Caso sobre Responsabilidad de Productos de Roundup, MDL 2741, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California (San Francisco)
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