El 5 de junio, el Parlamento noruego aprobó por unanimidad establecer un registro público que recoja la información sobre la titularidad de la propiedad corporativa. Con esta iniciativa el gobierno noruego persigue, a través de una mayor transparencia, hacer frente a los abusos cometidos por algunas compañías anónimas.
Las compañías anónimas son una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes, evasores de impuestos, y los terroristas para el blanqueo de dinero negro. Exigir a las empresas que revelen públicamente, en un registro central, los beneficiarios últimos de la propiedad es fundamental en la lucha contra el abuso de estas empresas fantasmas.
Esta medida era de esperar si tenemos en cuenta que este país escandinavo se encuentra en el quinto puesto del ranking de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y que también fue el primer país en conseguir frenar los flujos financieros ilícitos.
La legislación es muy diferente en Europa, pero no hay duda de que hay, en general, una tendencia positiva: se va hacia una mayor transparencia, sobre todo a raíz de la crisis financiera.
La Unión Europea (UE) también aprobó en mayo de 2015 una medida en la que solicitaba a todos los estados miembros de la UE que crearan registros centrales de información, en los que deberían recoger los beneficiarios últimos de las empresas establecidas en sus países. La directiva de la UE no exige explícitamente a los Estados que los registros fueran públicos, eso sí la información deberá estar disponible para las personas con un «interés legítimo».
Sin duda, saber quiénes son los dueños, es vital para combatir el lavado de dinero, la corrupción y la transferencia de fondos fiscales. Este registro público se convierte en una herramienta útil no sólo para las autoridades, sino también para el público en general.
*Imagen del Parlamento Noruego tomada por Claudia Regina. Repositorio de Flickr
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