La deslocalización de la producción mundial ha propiciado el aumento de prácticas laborales a base de trabajo en condiciones de esclavitud, que según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (2012) podría alcanzar los 21 millones de personas y a los que pocos sectores son ajenos. Las cadenas de producción son más complejas que nunca, lo que aumenta la dificultad de supervisión por las empresas en sus cadenas de producción.
Dos investigaciones recientes han descubierto la verdadera extensión de la esclavitud en la industria pesquera y las aves de corral en Tailandia, en proveedores que exportan a América del Norte y Europa.
En un reciente artículo de la agencia Associated Press se denunciaba la situación de adultos y niños trabajando en condiciones de esclavitud en el sector del camarón en Tailandia, producto que acaba siendo consumido en supermercados y restaurantes estadounidenses. Según el artículo, las autoridades estadounidenses no aplican las leyes comerciales que prohíben la importación de productos donde ha intervenido el trabajo esclavo debido a que Tailandia es un socio comercial clave, aludiendo además a una exención en las leyes para productos que los consumidores no puedan obtener de otra fuente (excepción donde se incluiría supuestamente el camarón).
Por otra parte, hace apenas unas semanas, una investigación de Finnwatch y Swedwatch reveló que los inmigrantes que trabajan en las fábricas avícolas tailandesas sufrieron «abusos generalizados» a manos de sus empleadores. Las víctimas denunciaban la confiscación de sus pasaportes y el pago de tasas de contratación leoninas.
El tamaño de los beneficios – 150 mil millones de dólares al año, según estimaciones de la OIT-, y la magnitud del problema – tres de cada 1.000 personas en todo el mundo son víctimas de trabajo forzoso, en su mayoría en la región Asia-Pacífico- hace difícil poner coto a este problema.
En este último informe se denuncia el fallo de los controles a los proveedores por los grandes grupos industriales y se aboga, más que por el control y el boicot del consumidor, al que raras veces llega esta información, por prácticas obligatorias de debida diligencia en Derechos Humanos por las empresas y el compromiso de las autoridades públicas.
Fuente. WEF
Imagen: Keith Bacongco, Flickr
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