Pedro José Sánchez
18 de septiembre de 2021
La nueva ley de residuos y suelos contaminados supone la revisión de la actual normativa del 2011, así como la trasposición a la legislación española de la Directiva 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción de plásticos de un solo uso. Esta directiva establece que todos los estados miembros deberán haber adaptado la normativa europea a su marco legal antes del 3 de julio de 2021, sin embargo, en España aun está pendiente de trasponerse.
Los objetivos principales que busca son:
- Reducir el uso de plásticos
- Restringir productos
- Reforzar la economía circular
- Establecer un tipo impositivo con el fin de prevenir la generación de residuos
La razón de ser de esta nueva normativa es el grave problema de la contaminación por plásticos. Según la Comisión Europea, más del 80% de la basura que contamina los mares son plásticos, representando el 70% de dicha contaminación los plásticos que la nueva legislación quiere reducir y restringir.
Los principales productos de plástico que se verán afectados por esta normativa son los cubiertos de plástico de un solo uso, platos de plástico, bastoncillos, pajitas, plásticos oxodegradables, contenedores alimenticios, tazas de poli estireno.
La norma fija una desaparición gradual de estos productos, cuya comercialización habrá de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030. También hay un margen hasta el 1 de enero de 2023 para acabar con la distribución gratuita de estos productos y establece medidas para otros artículos de plástico no biodegradable que no figuran en la normativa europea (como envases monodosis o anillas plásticas).
Además, el proyecto de ley fija una serie de requisitos de diseño para introducir el plástico reciclado en el mercado e incrementar su demanda y su valor. Por ejemplo, las botellas de plástico PET deberán contener, como mínimo, un 25% de plástico reciclado a partir de 2025.
Otros aspectos importantes a destacar de esta nueva normativa es que responsabiliza a los productores o fabricantes reforzando el principio de “quien contamina paga”, especialmente los fabricantes de tabaco y los fabricantes de aparejos de pesca que asumirán el coste de la recogida de redes perdidas en el mar. La normativa obligará a los fabricantes a incluir advertencias sobre el impacto medioambiental.
Un objetivo muy importante de esta nueva legislación es reforzar la economía circular mejorando la recogida selectiva de basuras como el papel, metales, plásticos, vidrios, textiles, aceite de cocina, etc.
Por último, la reducción de la generación de residuos también se perseguirá desde el terreno de la fiscalidad. Así, la normativa española incorporará un impuesto verde por cada kilogramo fabricado de envases plásticos de un solo uso y extenderá otra tasa para los vertederos y la incineración de residuos, un impuesto ya existente en algunas comunidades autónomas. En un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, las entidades locales deberán establecer una tasa de la recogida, trasporte y tratamiento de residuos domésticos que deberá facilitar la implantación de sistemas de pago por generación.
Con el ánimo de luchar contra la contaminación, y a favor de reducir su impacto en el medio ambiente, hemos de colaborar activamente en la concienciación ciudadana en favor de reciclar así como en el desarrollo de alternativas sostenibles, apostando por un consumo sostenible y racional.
Imagen de Christoph Schütz en Pixabay
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