Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los ex reclusos es encontrar un puesto de trabajo, ya que los antecedentes criminales son un impedimento para obtener un empleo público. Para mejorar su situación, el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, anunció el pasado lunes una serie de medidas recogidas en un proyecto de ley, encaminadas a facilitar la integración laboral de los presos de EEUU.
La primera, es la puesta en libertad desde el 1 de noviembre de 6000 presos por delitos de drogas siempre que no conste violencia en sus antecedentes. El siguiente paso es conseguir la integración laboral de estos ex reclusos, que tienen unas tasas de desempleo del 40-60 por ciento, eliminando la consideración de los antecedentes criminales en las ofertas públicas de empleo.
Para ello, se ha previsto la introducción de medidas financieras para impulsar programas educativos, de salud, de cuidado infantil, ayuda legal y capacitación laboral para ex presidiarios, por valor de 8 millones de dólares durante tres años. Entre estas medidas se incluyen también unas directrices del Departamento de Vivienda y desarrollo urbano (HUD) tendentes a facilitar el alquiler de viviendas, con una dotación de 1.7 millones de dólares para ayudas públicas al alquiler para inquilinos menores de 24 años.
Con estas medidas, el presidente se une al movimiento “Ban the Box”, en alusión a la casilla en las solicitudes de empleo donde se pregunta sobre los antecedentes criminales. Este movimiento ha ido ganando fuerza en los últimos años, y se han adherido ya más de 100 ciudades en Estados Unidos y 19 Estados de la Unión.
Se calcula que en EEUU hay 70 millones de personas presas, el 25 por ciento de reos a nivel mundial. Y de ellos, un 60 por ciento de personas de raza negra e hispanos. El gasto destinado por el gobierno federal para mantener su población carcelaria es de 80.000 millones de dólares anuales.
Obama manifestó en su anuncio que la falta de empleos para estas personas es negativo para ellas y para sus familias y toda la comunidad estadounidense, y la actuación en la reinserción redundaría en menos crímenes, menos tasas de reincidencia, y menos dinero destinado a las prisiones. Esta iniciativa es avalada por un estudio en la ciudad de Nueva York por el que los antecedentes criminales reducen la posibilidad de encontrar un empleo en un 50 por ciento.
Jeffery Robinson, subdirector legal de la Unión para las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), acogió con optimismo el anuncio del presidente para romper el “cruel ciclo del encarcelamiento masivo y la pobreza”, aconsejando sin embargo, la extensión de esta medida a los contratistas federales.
*Imagen de Flickr bajo licencia Creative Commons de Víctor
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