Este informe está elaborado por Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (INESC), el International Budget Partnership (IBP) y cuenta con el apoyo de OXFAM Internacional.
En el que se muestra como, a pesar del crecimiento económico sostenido de la última década en las Américas, los países en la región no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derecho humanos. Muestra a través de varios casos emblemáticos en el informe, la situación de “impunidad fiscal” y falta de un escrutinio efectivo de los derechos humanos sobre la política fiscal ha generado fisuras en el pacto social en varios países. Tal como se pone en evidencia en este informe, los sistemas tributarios de la región son, en general, regresivos y las cargas tributarias están sesgadas en contra de los ingresos laborales y a favor de los ingresos del capital afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos.
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