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A pesar del crecimiento económico sostenido de la última década en las Américas, los países en la región no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derecho humanos…Como se muestra a través de varios casos emblemáticos en el informe, la situación de “impunidad fiscal” y falta de un escrutinio efectivo de los derechos humanos sobre la política fiscal ha generado fisuras en el pacto social en varios países…Tal como se pone en evidencia en este informe, los sistemas tributarios de la región son, en general, regresivos y las cargas tributarias están sesgadas en contra de los ingresos laborales y a favor de los ingresos del capital afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos…
Las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos que proponen este debate afirman en un informe preparado con ocasión de la audiencia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que la política fiscal debe jugar un rol transformador de la realidad social y económica. Sin embargo, los sistemas tributarios en la región siguen siendo, en su mayoría regresivos, los criterios bajo los cuales se asignan los dinero públicos son poco transparentes; la forma y el propósito con el que los estados otorgan exenciones, amnistías y deducciones fiscales tiene un fuerte impacto negativo en la recaudación y por ende en las posibilidades de que el estado dedique recursos a los derechos económicos y sociales perpetuando la desigualdad y la pobreza. En este contexto, consideran que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede jugar un papel crucial en la reorientación de las políticas fiscales regresivas, formulando directrices y recomendaciones orientadas a que los Estados de la región adopten políticas fiscales justas, progresivas para garantizar los derechos humanos.
La política fiscal es una política pública, y como tal está sujeta a la rendición de cuentas y a las obligaciones que los estados tienen en materia de derechos humanos; por ello debe incluir en su marco de diseño e implementación, las directrices y principios que emanan de los tratados de derechos humanos y su jurisprudencia.
El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki Moon ha exhortado a lo países a adoptar políticas fiscales progresivas y redistributivas para la reducción de la desigualdad (A/67/394). Más recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza y los Derechos Humanos Philip Alston, en su informe sobre la relación entre la pobreza extrema y la desigualdad extrema ha exhortado a que las medidas redistributivas a través de la tributación y otras políticas fiscales sean consideradas como parte integral del compromiso para asegurar el respeto a todos los derechos humanos para la sociedad en general; y ha hecho hincapié en que uno de los pasos necesarios para que el sistema internacional de los derechos humanos responda de manera significativa a la amenaza de la desigualdad extrema, es poner el tema de los recursos y la redistribución en la ‘ecuación’ de los derechos humanos (A/HRC/29/31).
Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el estancamiento económico y la reducción del gasto social han comenzado a manifestarse en la región; este hecho amenaza con profundizar la pobreza crónica, agudizar las desigualdades, y afectar por décadas los proyectos de vida de la población más joven y la protección social de los más sectores más vulnerables. Por ello, se hace necesaria la adopción urgente de reformas en el ámbito de la política fiscal, centradas en los derechos humanos, para salvaguardar los avances en materia social de la última década, y prevenir la adopción de las políticas de austeridad y el debilitamiento de la política fiscal que pueden resultar en el deterioro de los derechos humanos fundamentales.
El movimiento de derechos humanos en la región ha hecho importantes avances en la justicia de los derechos económicos y sociales incluyendo la búsqueda de presupuestos más justos y transparentes. En base a estos avances, las organizaciones promotoras de la audiencia ante la CIDH consideran la política fiscal un campo fundamental para la justicia, exigibilidad y realización de los derechos humanos y exhortan a los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a consolidar su ámbito de protección de los derechos humanos contra las violaciones sistémicas o estructurales que resultan de las políticas fiscales regresivas e injustas.
Esta iniciativa es promovida por el Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (INESC), el International Budget Partnership (IBP) y cuenta con el apoyo de OXFAM Internacional.
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Fuente: Center for Economic and Social Rights (CESR)
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