Dice Marlon Molina, con toda sensatez, que “Cuando el inversor no usa tecnólogos para evaluar un proyecto de tecnología, los resultados que obtiene son los que se merece, no necesariamente los que espera”. Marlon Molina es, profesional Tic de amplia y reconocida trayectoria, Director de la Cátedra UDIMA-, IDG para la Transformación Digital (IDG Communications España), Director Computerworld University (IDG Communications España), vocal de la Junta Directiva (Foro del Futuro Próximo). Pero donde Marlon dice Inversores bien podría decirse Responsables (políticos) Públicos. Muy acertado es el famoso dicho “zapatero a tus zapatos”.
El derecho no es la accesibilidad, el derecho es la igualdad y no discriminación. Por eso, la accesibilidad, cualidad que deben cumplir los bines, productos y servicios TIC’s, debiera estar ubicada en Industria, Economía, Agenda Digital o cuando menos Administraciones Públicas. Porque además de condiciones que hacen cumplir el derecho, afecta al consumo, al ámbito laboral, al acceso a la educación y a la cultura, al turismo o a la productividad, entre otros. De hecho, la mal titulada Convención de los derechos de las personas con discapacidad (¿acaso las personas con discapacidad tienen Derechos diferentes a las de cualquier persona?, ¿no tienen los mismos Derechos sólo por ser personas?), ratificada por España el 13 de diciembre de 2016, y por tanto ya Ley interna nuestra, establece la Accesibilidad dentro de sus Principios Generales del art.3, desarrolla las acciones a realizar por los Estados en su art. 9 “Accesibilidad”, para, eso sí, garantizar la efectividad de acceso y disfrute en igualdad de condiciones y no discriminación a sus DERECHOS Económicos, Sociales y Culturales (art. 4.2 Obligaciones Generales).
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