En 2021, la Unión Europea estudiará la legislación sobre el deber de vigilancia. El Comisario de Justicia Reynders, debe presentar una propuesta legislativa vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente para las empresas europeas. Mientras tanto, las posiciones de las distintas partes están encontradas: mientras que los eurodiputados proponen un texto ambicioso; algunas multinacionales apoyan una legislación vinculante, como Unilever, Ikea o H&M, así como algunos inversores pero otras organizaciones de empleadores quieren restringir su alcance. Entre sus razones, el riesgo de pérdidas de competitividad frente a la necesidad de responsabilizar a los directores de cadenas de suministro cada vez más complejas y globalizadas . Según los rumores de Bruselas, se está presionando a la Comisión de la UE para que presente una propuesta más débil de lo que las organizaciones de la sociedad civil , los sindicatos y el Comité Económico y Social Europeo consideran necesaria.
La Comisión Europea no revelará exactamente lo que contendrá el proyecto de ley hasta que se cierre la consulta pública a principios de febrero , pero Reynders ya ha confirmado algunas preguntas candentes: los requisitos se aplicarán a empresas de todos los tamaños y en todos los sectores, desde el cacao hasta gran tecnología.
«Sin medidas legalmente vinculantes, es poco probable que los problemas relacionados con las condiciones laborales, el cambio climático, la contaminación y la biodiversidad se aborden con éxito», reconoció el comisionado Reynders.
El mes pasado, el Parlamento Europeo votó a favor de la diligencia debida y la responsabilidad obligatorias para las empresas que comercializan productos vinculados a la deforestación en el mercado de la UE.
Por su parte, la ley francesa, pionera en este ámbito, también responsabiliza a las empresas matrices, lo que permite a las víctimas de abuso empresarial solicitar una indemnización por daños y perjuicios en virtud del derecho civil. En otros países, existe ya jurisprudencia que extiende la responsabilidad civil a lo largo de la cadena de suministro, como en el Reino Unido, Australia, Canadá, Sudáfrica e India, brindando a las personas pobres y vulnerables un camino hacia la justicia frente a caso de abusos corporativos.
Para el eurodiputado de la AEF Raphaël Glucksmann (alianza progresista de socialistas y demócratas) y vicepresidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (o Comité DROI), la única solución es responsabilizar legalmente a las empresas de cualquier forma de violación de los derechos humanos en su cadena de valor, incluidas las perpetradas por sus proveedores, subsidiarias y contratistas subsidiarias:
Si bien la legislación de diligencia debida no es una solución milagrosa, es una oportunidad crucial para garantizar que las cadenas de suministro de las empresas cumplan con los estándares ambientales y de derechos humanos.
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