Una de las prioridades de la nueva agenda política será la lucha efectiva contra la corrupción y dentro de ella, una ley de protección de los denunciantes. El artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la protección a testigos de corrupción mediante una norma de carácter nacional. Sin embargo, 12 años después ningún gobierno de nuestro país lo ha hecho aún. Algunos partidos políticos recogen esta medida en sus programas electorales, pero sin desarrollar medidas concretas. De ahí que varias instituciones hayan trabajado ya en la confección de un proyecto de ley que proteja a esta figura clave en la lucha contra la corrupción. Del mismo modo, algunas Comunidades Autonómas como Castilla y León o Baleares están trabajando ya en un Anteproyecto de Ley que regule esta materia pero aquí más que en otras políticas, es necesario un marco nacional uniforme.
Algunos de los grupos activistas que ha trabajado en una ley de protección de denunciantes es la Plataforma X la Honestidad,una plataforma que surge en apoyo de Ana Garrido, que destapó la trama Gurtel y que ha convocado también junto a la propia Ana Garrido, al exteniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del ejército por sus denuncias contra la corrupción militar),a Justa Araceli Blanco Redondo (que denunció a Ignacio González y las irregularidades en el Canal de Isabel II), y Roberto Alejandro Macías ( un extrabajador de UGT a quien el sindicato socialista acusa de haber filtrado la información que destapó la corrupción en el sindicato),
La Plataforma X la Honestidad, hizo llegar antes de las elecciones, a los partidos españoles con representación en las Cortes Generales su propuesta de protección de los denunciantes de corrupción.
La protección del anonimato del denunciante, su asistencia jurídica, psicológica y en algunos casos económica debido al acoso que sufren por parte de las administraciones, son algunas de las cuestiones contenidas en la ley. La Plataforma pretende la aplicación de la propuesta con efecto retroactivo (Art. 9.3 Constitución Española), pues la iniciativa parte de aquellos que están sufriendo ya las consecuencias de sus denuncias de irregularidades en la Administración Pública.
La propuesta prevé también la creación de un Observatorio de la Corrupción, que supervisará los procesos denunciados y estará formado por funcionarios de libre disposición elegidos por sorteo “de las distintas consejerías o ministerios, que se reunirán no menos de una vez a la semana y que evaluarán todas las denuncias al objeto de su traslado a la fiscalía. Dicho observatorio, ante la primera denuncia originará un protocolo de actuación para garantizar las medidas de protección”.
Puedes acceder al proyecto de ley aquí.
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