En “El Challenger y la monitorización holística: una historia verdadera”, Raúl Cristián Aguirre, cuenta cómo la tragedia del transbordador pudo haberse evitado.
En enero de 1986, los técnicos del proyecto “Space Shuttle” detectaron que las juntas de los cohetes motores podían fallar si hacía frío, especialmente teniendo en cuenta que las temperaturas previstas para el momento del lanzamiento eran bajo cero. Debían convencer al comando de la NASA de la cancelación del despegue. Y disponían solamente de once horas.
Sin embargo, utilizaron como soporte visual de su explicación una figura donde no se evidenciaba claramente la relación entre la temperatura y la posibilidad de fallo de la junta. El despegue no se canceló y el resultado es de todos conocido: la nave explotó a los 73 segundos del despegue, falleciendo todos sus tripulantes.
Junto a ello, en el proceso de investigación que siguió a la catástrofe, se atribuyeron las causas a la ausencia de una oficina de seguridad independiente y a un proceso de toma de decisiones y una cultura organizacional deficientes que ignoraron los defectos de las juntas y las advertencias de los ingenieros, que también estarían tras la causa de la destrucción del Columbia diecisiete años más tarde.
¿Qué tiene que ver el Challenger con los partidos políticos y la sostenibilidad?
La visibilidad. Si no existe visibilidad de los problemas, la toma de decisiones es más difícil, y la mayoría de las veces, errónea. Por no hablar de los costes añadidos.
En una sociedad democrática los programas electorales y su cumplimiento, deberían representar una de las referencias de nuestra intención de voto, junto con otros factores como el historial de corrupción de los partidos, la “calidad” y formación de los candidatos, su grado de transparencia y apertura ciudadana, etc.
Tradicionalmente, muchos programas electorales han identificado la sostenibilidad con el medio ambiente, pero con unos criterios y en unos términos demasiado estrechos para las exigencias de la sociedad actual (el impulso de las renovables sin referencias a una reforma energética, la movilidad sostenible, el reciclaje o la vaga protección del medioambiente) y con escasas excepciones, no han trabajado la sostenibilidad en todas sus dimensiones.
La convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y generales en este año de “tormenta perfecta” electoral, hacen oportuna una revisión de las estrategias electorales de los partidos en este ámbito.
Las entidades locales han sido quizás las más activas en el desarrollo sostenible desde la Agenda 21, o iniciativas como los Territorios Socialmente Responsables o el Pacto de los Alcaldes, actuaciones aisladas frente al fracking, o la incorporación de cláusulas sociales en la contratación.
No obstante, la fragmentación de las competencias territoriales y la descentralización administrativa, junto con la debida racionalización de los recursos públicos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación eficiente, que respete las competencias respectivas pero que vele por el interés general.
Preocupación por la coordinación, la medición de impactos y la transparencia que por otra parte, ya se puso de manifiesto en el programa europeo “Legislar Mejor” de 2006. Las contradicciones legislativas y políticas en sostenibilidad no sólo se traducen en inseguridad jurídica y grandes costes (véase el caso de las renovables), sino que materias muy sensibles como la legislación urbanística y el diseño de un modelo productivo competitivo para el territorio nacional queden a expensas de las conveniencias políticas de turno, aliándose con un torrente normativo abstruso y sin justificación y en una maraña de interpretaciones por las distintas administraciones.
Los criterios de desarrollo sostenible en los planes de inversión, en las agencias de crédito a la exportación, en la política exterior y su vinculación con los DDHH, una regulación valiente de los criterios ESG en la contratación pública y de la modernización de los planes de impacto medioambiental, son sólo algunos ejemplos de estas políticas necesarias. Que los partidos políticos sepan incorporarlos y articularlos en sus programas sería un valor añadido para el electorado consciente.
Pero ¿están preocupados los ciudadanos españoles por la sostenibilidad?
Si acudimos a las encuestas del CIS 2015, los problemas que más preocupan a la ciudadanía son el paro, la corrupción, el fraude, y los problemas de índole económica.
Junto a los tradicionales ítems de las encuestas ( los partidos políticos, el gobierno, el empleo, la corrupción, la vivienda, la sanidad, la crisis de valores, la educación, la administración de justicia o los problemas de índole económica), y otros coyunturales (ébola, las crisis alimenticias (gripe aviar, las vacas locas, la sequía), hay otros: la subida de la tarifa energética, el fraude fiscal, los recortes, la reforma laboral, que tienen mucho peso en la sostenibilidad. Pero convendría reflexionar sobre la inclusión de categorías más concretas que “los problemas medioambientales”, “los problemas relacionados con la mujer” (sic), los bancos, o la subida de los carburantes (interrelacionada con muchos factores de gran relevancia…)
En un artículo comenté que el Mapa de la RSE no es su territorio. Los políticos y los medios de comunicación son fundamentalmente quienes sitúan los temas en la agenda pública.
Si no se interroga debidamente a la ciudadanía, no hay sensibilización. Y no se trata ya solamente de incorporar cuestiones ajenas a las encuestas del CIS (parámetros ligados al medio ambiente, a la innovación social, al Desarrollo y los DDHH, la discapacidad y el empleo, la igualdad de género, la conciliación) –todos ellos importantes, sino de adoptar un enfoque de desarrollo sostenible en las diversas estrategias sociales, económicas y medioambientales y hacer patentes sus interrelaciones. Los programas electorales ganarán así en credibilidad.
La sensibilización y la educación en RSC comienzan por los que tienen capacidad de influencia. Las preocupaciones del ciudadano corresponden a las que le tocan en la vida real, pero para que estos problemas se manifiesten en la agenda, han de hacerse (más) visibles.
Como en el ejemplo del Challenger, la visibilidad determina la accountability. Al visualizar los problemas, sus interrelaciones y sus resultados posibles, resulta más fácil la exigencia de responsabilidades concretas. De otra forma, los programas se vuelven imprecisos y oportunistas.
La RSC, experta en la gestión de indicadores, tiene que saber diseñar indicadores para la acción política.
Somos actores políticos y las elecciones son –hasta ahora- la mayor expresión –que no la mejor- de representación ciudadana. Saquemos la RSC de los programas electorales, comparémoslos y hagamos activismo durante cuatro años de legislatura.
El desarrollo de una ciudadanía socialmente responsable pasa por la consideración y valoración de la sostenibilidad en los programas de los partidos políticos y la fiscalización de su posterior compromiso más allá de la convocatoria electoral. Además constituirá un importante prescriptor de políticas.
Esta semana iniciamos en Agora una campaña para averiguar el grado de implicación de los partidos políticos con el desarrollo sostenible. Recomendada si eres un ciudadano preocupado por la sostenibilidad.
Reflexionemos sobre las propuestas electorales de los partidos en RSC y sostenibilidad. Para que la RSE se sitúe en el mapa de España tiene que estar primero en la Agenda electoral.
foto: Senado.es
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