El pollo que nos comimos a medias y otras historias. (III)
Siguiendo la serie de artículos sobre el empleo de las personas con discapacidad (Las estadísticas y el empleo de las personas con discapacidad y El salario de las personas con discapacidad, CEE y medidas alternativas) y analizando el empleo protegido, Centros Especiales de Empleo, finalizo los mismos con una serie de propuestas de futuro que se deberían valorar para cambiar la situación, a mi modo de ver insostenible, desde el punto de vista económico.
Propuestas a futuro
1.- Las subvenciones, bonificaciones y/o exenciones a los centros especiales de empleo, tienen que ir en relación directa con el tipo de discapacidad y/o grado de minusvalía de los trabajadores que en ellos estén, siguiendo las directrices que han marcado otros informes de expertos, como el elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona el 22 de julio de 2010. No abogo por suprimir las mismas, sino que éstas tengan relación directa con el tipo de discapacidad y/o menoscabos de sus trabajadores, siguiendo las directrices que se marcaron en la ley 13/82, incrementándose en aquellos trabajadores que necesiten más apoyos.
2.- Hay que favorecer el trasvase del personal con discapacidad del empleo protegido a la empresa ordinaria, evitando el acogimiento por parte de éstas de las medidas alternativas. Para ello, se proponen los siguientes pasos:
2.1.- Limitar las medidas alternativas, a casos realmente excepcionales; el certificado de excepcional y las medidas alternativas que lleven aparejadas tendrán que ir acompañadas de un compromiso/proyecto por parte de las empresa beneficiaria, de que en el plazo de 2 años cumplirán con dicho porcentaje; en caso contrario, y hasta que no cumplan con los mismos, dichas empresas verán incrementadas sus cuotas empresariales de seguridad social por todos los trabajadores que en ellas estén en un 2%, duplicándose dicho porcentaje de sanción si en los 2, 4, 6, etc, años siguientes, sigue incumpliendo el mismo.
2.2.- Bonificación del 100% de cuota empresarial de seguridad social empresarial por cada trabajador contratado en la empresa ordinaria, al igual que en la actualidad se bonifica a los empleados de los CEE.
2.3.- Subvención del 50% del salario mínimo interprofesional por cada trabajador con enfermedad mental, discapacidad intelectual y/o discapacidad del 65% o superior que sea contratado en la empresa ordinaria, durante toda la duración del contrato.
3.- Incentivar el acceso de las personas con discapacidad a la universidad. Para ello se deberá crear dentro del Ministerio de Educación, ayuntamientos Y/O comunidades autónomas, un departamento de información y apoyo a los colegios e institutos públicos y privados, para informar sobre las ayudas, productos y servicios que coadyuven a que las personas con discapacidad continúen en su etapa educativa obligatoria para que finalmente accedan a la universidad. Dicho/s departamentos podrán ser cofinanciados por empresas privadas facilitando su sostenibilidad.
4.- Facilitar a las empresas el reclutamiento y selección del colectivo de personas con discapacidad. En la actualidad, y como ya he detallado, es un proceso burocrático, costoso y, en la mayoría de las ocasiones infructuoso, abocando a estas empresas a las medidas alternativas.
Para ello se debería de facilitar el acceso de los candidatos con discapacidad a las entidades, ya sea a través de los servicios públicos de empleo y/o a través de la colaboración público- privada en el reclutamiento y selección de los candidatos.
La integración laboral de nuestro colectivo, se tiene que abordar de manera integral por el conjunto de la sociedad, con especial relevancia del tejido empresarial. Han transcurrido más de 30 años desde la firma de la LISMI ( Ley de Integración Social del Minusválido), que puso las bases de la integración socio laboral de nuestro colectivo, con una serie de instrumentos y medidas que coadyuvarían a nuestra integración. No obstante, si atendemos a las últimas estadísticas algo no está funcionando: por cada contrato para personas con discapacidad que se firma en la empresa ordinaria, se firman 2,5 en los centros especiales de empleo (Fuente: SEPE). Los CEE se están convirtiendo en empresas finalistas, cuando el fin de los mismos era servir de intermediación de los trabajadores hacia el empleo ordinario, y esto no se está dando en la actualidad. Sirvan estas propuestas como sugerencias para avanzar.
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