- Un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional revela cómo las trabajadoras domésticas migrantes empleadas en Qatar se han visto empujadas hasta el límite de sus fuerzas por la sobrecarga extrema de trabajo, la falta de descanso y el trato abusivo y degradante.
3 de noviembre de 2020
La organización habló con 105 mujeres que habían estado empleadas como trabajadoras domésticas internas en Qatar y concluyó que, pese a las reformas introducidas por el gobierno con el fin de mejorar sus condiciones laborales, los derechos de estas mujeres seguían siendo violados y sometidos a abusos. Algunas mujeres afirmaron haber sido víctimas de delitos graves tales como la agresión sexual.
En 2017, Qatar introdujo la Ley de Servicio Doméstico, que establecía límites a las horas de trabajo, descansos diarios obligatorios, un día libre a la semana y vacaciones pagadas. Tres años después, 90 de las 105 mujeres con las que Amnistía se había puesto en contacto relataron que trabajaban habitualmente más de 14 horas al día; 89 trabajaban de forma habitual los siete días de la semana; y a 87 sus empleadores les habían confiscado el pasaporte. La mitad de las mujeres trabajaban más de 18 horas al día, y la mayoría no había tenido nunca un día libre. Algunas declararon también que no les pagaban adecuadamente, mientras que 40 describieron cómo las insultaban, abofeteaban o escupían. Una mujer dijo que la trataban “como a un perro”.
“La introducción de la Ley de Servicio Doméstico de 2017 supuso un paso adelante para la protección de los derechos laborales en Qatar. Por desgracia, los relatos de las mujeres con las que hablamos dejan claro que estas reformas no se han implementado o cumplido debidamente”, ha manifestado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
“Las trabajadoras domésticas nos contaron que trabajaban una media de 16 horas al día, todos los días de la semana: mucho más de lo permitido por la ley. A casi todas les habían confiscado sus pasaportes sus empleadores, y otras contaron que no recibían sus salarios y que eran sometidas a crueles insultos y agresiones. La imagen general es la de un sistema que sigue permitiendo que los empleadores traten a las trabajadoras domésticas como posesiones, no como a seres humanos.”
Los abusos documentados en el informe se ven alimentados por una combinación de factores, entre los que se encuentra la falta de mecanismos de inspección para garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicio Doméstico, y aspectos del sistema de patrocinio de Qatar que siguen dando a los empleadores poderes excesivos sobre sus trabajadores y trabajadoras. Muchas mujeres se encuentran con obstáculos al denunciar abusos y actos delictivos ante las autoridades, y la impunidad es generalizada.
En los últimos años, Qatar ha introducido varias reformas e iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
Muy recientemente introdujo un salario mínimo y eliminó el requisito de que los trabajadores y trabajadoras obtengan el permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo o salir del país. Si no se toman medidas adicionales para reforzar las protecciones y garantizar su cumplimiento es poco probable que reduzcan de manera significativa los abusos o mejoren las condiciones de las trabajadoras domésticas.
La Ley de Servicio Doméstico limita las jornadas laborales a un máximo de diez horas al día, pero permite ampliarlas si la trabajadora está de acuerdo. El desequilibrio intrínseco de poder que se deriva de la dependencia de las trabajadoras domésticas respecto a sus empleadores deja la puerta abierta a los abusos. Muchas mujeres declararon que tenían miedo de negarse a las interminables peticiones de sus empleadores, incluso cuando necesitaban descansar.
Hay prácticas como la confiscación de pasaportes y el impago de salarios, indicativas de la existencia de trabajo forzoso, que no se investigan automáticamente, y los empleadores rara vez sufren consecuencias incluso cuando se niegan a entregar los pasaportes o a abonar los salarios impagados.
Un importante defecto del sistema es que las trabajadoras domésticas se arriesgan a perder su condición jurídica, sus ingresos y un lugar en el que vivir mientras se procesan sus denuncias.
Además, las mujeres que dejan sus trabajos pueden enfrentarse a medidas de represalia de sus empleadores y ser acusadas de “fuga” u otros delitos, castigados con sanciones penales.
Las causas por abuso físico y sexual se ven ante los tribunales penales, pero el hecho de que las trabajadoras domésticas dependan de sus empleadores para tener cobijo y condición jurídica, unido a su desconfianza en el sistema, es un obvio elemento disuasorio a la hora de presentar denuncias. Por consiguiente, hay delitos graves que quedan impunes.
El aislamiento de muchas trabajadoras domésticas y las restricciones impuestas a su libertad de circulación hacen que les sea muy difícil acceder a apoyo y huir de los abusos. Aunque algunas empresas están empezando a crear comités laborales para otros trabajadores y trabajadoras migrantes, no existe ninguna iniciativa equivalente para las trabajadoras domésticas. Éstas, al igual que el resto de trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, no pueden formar sindicatos ni unirse a ellos.
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