La Comisión especial de la Eurocámara sobre acuerdos fiscales con multinacionales, fue creada por el Parlamento Europeo en febrero de 2015 por un mandato de seis meses, para examinar los acuerdos fiscales entre las empresas y los Estados miembros, y a raíz del caso “Lux Leaks” el pacto secreto entre Luxemburgo y grandes compañías internacionales para que repatriaran y declararan sus beneficios en ese país (y no en los que lo generaban) a cambio de un trato fiscal favorable.
La Comisión ha celebrado numerosas audiencias con representantes de las principales consultoras, los denunciantes del caso «Lux Leaks» y periodistas de investigación. Los eurodiputados visitaron también varios países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Reino Unido y Holanda para recabar información y convocaron a las multinacionales implicadas. Sin embargo, la mayoría de las multinacionales declinaron comparecer ante esta comisión.
El Parlamento frustrado por la falta de cooperación empresarial durante su investigación estudia ahora imponer medidas de represalia contra las multinacionales que se negaron a ser entrevistadas por la comisión especial. En el Proyecto de Informe sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares los expertos confirmaron que algunos Estados miembros habían creado deliberadamente regímenes fiscales para atraer a las empresas. El informe, sin embargo, tuvo que prescindir de los testimonios de casi todas las empresas convocadas. Solo cuatro respondieron a la convocatoria del parlamento, mientras que 14 se negaron a comparecer.
Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays, Coca-Cola, Facebook, Fiat Chrysler, Google, HSBC, IKEA, McDonalds, Philip Morris, Walmart y Walt Disney entre otras se negaron a participar en las audiencias.
Los eurodiputados implicados en la Comisión, están exigiendo medidas correctivas contra las empresas implicadas, incluyendo su exclusión del registro de los grupos de presión del Parlamento Europeo. Los grupos de presión de Facebook, Walmart o Philip Morris podrían ser eliminados del registro de las instituciones europeas.
También podría replantearse la ausencia de una legislación que permita a los funcionarios electos convocar a los representantes de las multinacionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento deberá evaluar la necesidad de sanciones en caso de que los representantes de las empresas se nieguen a acudir a una invitación del Parlamento Europeo. Esta reflexión se llevará a cabo en el contexto de la revisión del acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión sobre el registro de los grupos de presión.
Pero las multinacionales no fueron las únicas que hicieron caso omiso a las peticiones realizadas durante la investigación de la comisión tributaria; de los 28 Estados miembros, algunos no respondieron a las solicitudes de información de la comisión: como Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca y Eslovenia.
El proyecto de informe de la Comisión deberá ser adoptado por una amplia mayoría para exigir al Consejo Europeo que adopte posiciones en materia fiscal dentro de la Unión Europea.
*Imagen de Flickr bajo licencia Creative Commons de 401(K) 2012
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