
La seguridad alimentaria, la productividad y la desigualdad de género es un trabajo editado por el Instituto de Crecimiento Económico, de la Universidad de Delhi en colaboración con la Red de Conocimiento sobre Clima y Desarrollo. En él su autor, B. Agarwal[1] analiza la relación entre la desigualdad de género y la seguridad alimentaria, con un enfoque particular en las mujeres como productoras de alimentos, como consumidoras y como responsables de la gestión de alimentos en las familias. En este estudio se esbozan las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres, como agricultoras, en cuanto a su acceso a la tierra, al crédito, a los insumos de producción, a la tecnología y a los mercados y se argumenta que existe un gran potencial para aumentar la producción agrícola mundial si se ayuda a las mujeres agricultoras a superar estas limitaciones de producción. En realidad, el estudio muestra que esta cuestión debería ser un verdadero imperativo mundial, dada la feminización de la agricultura.
Un factor clave, que tiene un peso importante en la seguridad alimentaria mundial, es la concentración regional que existe en la producción de cereales y sus exportaciones. De tal manera que una excesiva concentración de la producción en unos pocos países provoca que las regiones con déficit de cultivos sean demasiado dependientes de las primeras. Esto unido a unas condiciones climáticas adversas, provocaría un aumento considerable del índice de precios de los alimentos, como así sucedió en los años 2007-2008 (los precios subieron un 40% en relación al 2006.)
Los efectos adversos de esta subida de precios afectaron principalmente a los más pobres, especialmente a mujeres y a niños. Según estimaciones del Banco Mundial, la subida de precios añadió 105 millones más de pobres, sobre todo en Asia meridional y África subsahariana. Aunque el pico de precios en 2007-08 fue especialmente dramático, la tendencia general al alza de los precios continúa.
A estos factores de corto plazo, tenemos que añadir otros a largo plazo, como: (1) los cambios en la dieta hacia la carne y la leche, como consecuencia del aumento de los ingresos en los países en desarrollo, lo que deriva en una mayor demanda de cereales para alimentar al ganado y por ende de tierra para cultivarlos; (2) el aumento de población mundial, que se prevé que será de nueve mil millones en 2050; y (3) el abandono de la agricultura en los países en desarrollo durante un largo período.
Serán necesarios esfuerzos extraordinarios para cumplir con las exigencias de seguridad alimentaria de los cerca de nueve mil millones de personas que habrá en el 2050, aun sin tener en cuenta los efectos del cambio climático. Y en palabras del autor, el factor de género es, de hecho, crucial para mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta las múltiples funciones que ejerce la mujer en la seguridad alimentaria.
Actualmente la agricultura contribuye menos del 10 % del PIB de la mayoría de los países, sin embargo sigue siendo una fuente importante de empleo y un medio de subsistencia para muchas personas en muchos países, especialmente en Asia y África, donde este estudio sitúa el porcentaje de agricultores en un 60% sobre el total de trabajadores. Esta divergencia entre la contribución al PIB de la agricultura y la población que trabaja en ella provoca que muchas personas estén atrapadas en medios de subsistencia de baja productividad. La creciente feminización de la agricultura implica que las trabajadoras dependen mucho más de la agricultura para sobrevivir que los trabajadores varones, ya que los datos estadísticos demuestran que tienen más dificultades de acceso a empleos no agrícolas. En África, por ejemplo, según este estudio en 2008, el 63 por ciento de las trabajadoras, en relación con el 48 por ciento de los hombres, dependía de medios de subsistencia basados en la agricultura.
A pesar de esta feminización, las agricultoras se enfrentan a una amplia gama de limitaciones por cuestiones de género que afectan a su potencial productivo como trabajadoras agrícolas. En Bangladesh, Ecuador y Pakistán, por ejemplo, el tamaño de la explotación de los jefes de hogar varones es el doble que el de las mujeres jefas de hogar. En segundo lugar, están bien documentados las desigualdades de género y los prejuicios masculinos en el acceso de las agricultoras a la información técnica, al crédito, a los insumos críticos tales como fertilizantes y agua, y a la comercialización.
Además, las mujeres se enfrentan a restricciones sociales en su participación en la esfera pública y también en todo lo relacionado con la libertad de movimientos en muchas regiones (por ejemplo, en el norte de Asia del Sur, Oriente Medio y Norte de África). Esto afecta negativamente a su capacidad de suministro de insumos o a su capacidad para vender sus productos o contratar mano de obra. En otras palabras, se restringe su capacidad para funcionar plenamente como trabajadoras de la agricultura.
Sin embargo, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la eficiencia de la gestión, por sexo en términos de rendimiento de los cultivos. Algunos de esos estudios demostraron que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los insumos y servicios que los hombres, tendrían resultados más altos que los varones. En Kenia, Dey (1992) constató que los rendimientos de maíz eran casi un 7 por ciento más altos en las granjas gestionadas por mujeres, cuando las mujeres estaban en igualdad de condiciones que los varones agricultores.
Según el Informe de la FAO ( 2011) El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, la reducción de las restricciones a las que enfrentan las mujeres agricultoras podrían elevar los rendimientos en sus fincas de un 20 a un 30 por ciento y eso supondría aumentar la producción agrícola total en los países en desarrollo de un 2,5 a un 4 %, lo que supondría un impacto significativo en la disponibilidad mundial de alimentos.
La segunda cara de la inseguridad alimentaria es la falta de acceso a los alimentos; hay grandes desigualdades en el acceso a los alimentos entre los países, dentro de los países y también en los hogares. Según los cálculos de la FAO para el período 2007-2010, se estima que hay 868 millones de personas desnutridas en todo el mundo, de los cuales 820 millones se encuentran en países en desarrollo. Un aumento en la productividad de las pequeñas explotaciones podría reducir la pobreza y aumentar el acceso a los alimentos en esos hogares. Además si se mejorara el acceso directo de las mujeres a la tierra y a los activos esta situación mejoraría, pero para ello es necesario actuar en tres fuentes principales de la tierra: la familia (vía donación, herencia o transferencia de derechos de usufructo), el Estado (a través de transferencias de tierras) y el mercado (a través de la compra o arrendamiento).
Otra forma de mitigar el hambre y aumentar la producción agrícola sería mejorando el acceso de las agricultoras al crédito, insumos de producción, información técnica y canales de comercialización necesita una mejora sustancial. Además los esfuerzos de investigación y desarrollo agrícola (I + D) serían más eficaces si las instituciones de I + D trabajaran con una mejor comprensión de los sistemas agrícolas de las mujeres. Esto es especialmente necesario en algunas partes de África, donde hay diferencias notables en los cultivos realizados principalmente por las mujeres y los cultivos de hombres.
B. Agarwal señala que habría muchas ventajas si las mujeres trabajaran juntas en pequeños grupos. Señala que tal vez, a través de un pueblo o zona ecológica, las mujeres podrían beneficiarse mediante la cooperación en la planificación de los cultivos y la puesta en común de sus finanzas para comprar insumos, maquinaria y seguros de cosechas. Afirma que es de la agricultura de grupo, basada en la puesta en común de propiedad o tierras arrendadas, de la que se puede esperar más ganancias en términos de productividad y empoderamiento social, en comparación con las unidades agrícolas familiares. El autor plantea que en general, como un grupo, es de esperar que los pobres estén mejor protegidos, tanto como productores y como consumidores.
En reconocimiento de esa función que pueden desempeñar en la mitigación del hambre, algunos países han puesto en marcha medidas que aumentan directamente los recursos de las mujeres, como la realización de transferencias monetarias en América Latina o la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MNREGA) en la India, que garantiza 100 días de empleo para una persona por hogar.
Garantizar la seguridad alimentaria es uno de los principales problemas del desarrollo mundial y también el más complejo. Las desigualdades de género son una parte importante del problema y reducir esas desigualdades sería una parte fundamental de la solución.
Referencias bibliográficas:
Dey, J. (1992). Gender Asymmetries in Intra-Household Resource Allocation in sub-Saharan Africa: Some Policy Implications for Land and Labour Productivity. Paper presented at IFPRI workshop on Intra-Household Resource Allocation
Von Braun, J. (2008). Rising Food Prices: What Should be Done? Eurochoices, 7 (2): 30-35.
Von Braun, J. (2008-09). Food Security Risks Must be Comprehensively Addressed, Annual Report Essay 2008-09, IFPRI, Washington DC.
Quisumbing, A.R., R.S. Meinzen-Dick, L. Bassett, M. Usnick, L. Pandolfelli, C. Morden and H. Alderman, (2008). Helping Women Respond to the Global Food Price Crises. Policy Brief 7, IFPRI, Washington DC
Ivanic, M., and W. Martin (2008). Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income countries. Policy Research Working Paper Series 4594, World Bank, Washington DC
[1] Bina Agarwal actualmente es profesor de Economía del Desarrollo y Medio Ambiente, Universidad de Manchester, Reino Unido, y fue hasta hace poco Director del Instituto de Economía Crecimiento, Nueva Delhi
Foto: Amy Fisher Little
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