Shell tendrá finalmente que responder por su implicación en las ejecuciones de nueve ogonis en Nigeria
En Noviembre de 1995, tras un juicio que Amnistía Internacional consideró no justo, nueve activistas defensores de los derechos humanos y del medioambiente de la comunidad Ogoni de Níger fueron condenados a muerte por un tribunal militar nigeriano y ejecutados. Amnistía Internacional había declarado a los dirigentes ogonis, presos de conciencia. Se les acusó de “incitación al asesinato” de cuatro lideres ogoni. Posteriores pruebas evidenciaron que fue el propio ejército nigeriano quien asesinó a los cuatro ancianos ogoni, que alguna de las unidades militares responsables de asesinatos y violaciones estaban a sueldo de Shell y que incluso utilizaban para desplazarse los vehículos de la compañía.
La lucha de estos activistas comenzó años antes, cuando denunciaron que las actividades extractivas de Shell-Nigeria en el Delta del rio Níger estaban provocando una catástrofe ambiental devastadora, con las tierras cultivables y el agua contaminadas se habían arruinado las bases de la economía de la zona, habitada por la comunidad ogoni, basada en la agricultura.
Según multitud de documentos investigados por Amnistía Internacional, para defender sus intereses en la zona, la empresa petrolera alentó e instigó al gobierno de la dictadura militar del General Sani Abacha a poner en marcha una brutal represión contra las protestas, que provocó centenares de detenciones, implicándose incluso en la detención ilegal de los nueve activistas ogonis ejecutados, entre ellos el líder de las protestas, Ken Saro-Wiwa, escritor y fundador del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, MOSOP.
Cuatro de las viudas de los nueve ogonis asesinados, Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula, demandaron a Shell por su complicidad e implicaciones en la detención, torturas y asesinato de sus esposos, y por la privación a ellas de la vida familia, pidiendo una indemnización y una disculpa pública de Shell.
Ha sido un larga batalla legal, la denuncia no fue admitida por los tribunales de Niger, tampoco prosperó cuando en 2002 se presentó en los tribunales norteamericanos que en 2013 se declararon incompetentes para admitir el caso. Finalmente, en junio del 2017 Esther Kiobel demandó a Shell en Holanda, el país donde radica su sede, siendo admitida su acción legal en el Tribunal de Distrito de La Haya, que abrió el día 12 de febrero la audiencia para escuchar los testimonios de las cuatro viudas. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal decidirá el 8 de mayo si continúa con el caso con pruebas adicionales o si, por el contrario, se suspende el procedimiento.
Amnistía Internacional, que no es parte en el proceso legal, apoya activamente la denuncia de Esther Kiobel y sus compañeras con documentación probatoria y financiación.
Informe “In The Dock” de Amnistía Internacional
https://www.amnesty.org/
Imagen: SweetCrudereports
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