- En 2016 un 28 % de las empresas analizadas están obligadas a cumplir con la normativa.
- Sólo dos empresas cotizadas cumplen la Ley de Transparencia.
Solo dos empresas cotizadas cumplen con las obligaciones de transparencia marcadas por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para las entidades privadas, según un informe de Transparencia Internacional España presentado hoy 22 de junio.
El primer estudio “Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España”, elaborado por Transparencia Internacional España y presentado hoy, ha analizado un total de 67 empresas cotizadas y su cumplimiento de la Ley de Transparencia pública y buen gobierno, concretamente las 35 empresas que cotizan en el principal índice español (Ibex 35) más 32 compañías cotizadas que “forman parte de sectores clave con un peso específico en la economía, como el sanitario y farmacéutico, la construcción e infraestructura, o la energía y la industria pesada y de transformación”.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las empresas que han recibido más de 100.000 euros en concepto de ayudas o subvenciones públicas, y aquellas empresas que hayan recibido ayudas o subvenciones públicas que supongan al menos el 40 % de los ingresos totales anuales de la entidad, siempre que alcancen la cantidad mínima de 5.000 euros a “publicar información de tipo institucional, organizativa y de planificación, así como información económica y presupuestaria”.
El estudio, según Ana Revuelta, directora del Proyecto Integridad de Transparencia Internacional España, no pretende ser un ránking por ello no revela las empresas que cumplen con la ley y las que no.
En 2016, había 19 empresas obligadas a cumplir con la ley; y de ellas solo una empresa cumplió con la normativa y otra más, que no estaba obligada por no haber superado los 100.000 euros en ayudas o subvenciones recibidas en 2015, lo hizo de manera voluntaria. En 2017, de 23 empresas sujetas a la ley, esto es, un 37 % de las empresas analizadas, solo dos la cumplen.
Para el autor del Informe, César Nicandro, las causas de este escaso cumplimiento son el desconocimiento social y gubernamental sobre las obligaciones derivadas de la Ley, la escasa relevancia percibida por las empresas sobre la normativa, la ausencia de desarrollo reglamentario, y la falta de una regulación que refleje la diversidad empresarial.
Entre las recomendaciones a futuro, Transparencia Internacional España destaca actualizar periódicamente la información de las empresas obligadas por la ley, así como avanzar en el desarrollo reglamentario de la misma.
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