Taxonomía europea: el Parlamento acepta incluir el gas y la energía nuclear en actividades económicas sostenibles

El Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto delegado de taxonomía de la Comisión, que incluye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles a las que se aplica la conocida como «taxonomía de la UE».

Como se recordará, el Reglamento sobre taxonomía se enmarca en el plan de acción de la Comisión para financiar el crecimiento sostenible, y tiene por objeto impulsar la inversión verde y evitar el lavado de imagen ecológico de las empresas («greenwashing» en inglés).

La Comisión considera que la inversión privada en gas y energía nuclear tiene su papel en la transición ecológica, por lo que ha propuesto que determinadas actividades relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar el cambio climático. La inclusión de tales actividades está limitada en el tiempo y ha de cumplir unos requisitos específicos en condiciones de transparencia.

278 eurodiputados votaron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se abstuvieron. Era necesaria una mayoría absoluta de 353 diputados para vetar la propuesta de la Comisión. Si el 11 de julio tampoco el Consejo ha formulado objeción a la propuesta, el acto delegado sobre taxonomía entrará en vigor, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

En el trasfondo de la decisión, uno de los temas que influyeron es la guerra en Ucrania, que ha motivado al bloque a transformar sus políticas energéticas al romper lazos con los combustibles fósiles rusos, al depender antes del conflicto dependía en un 25% del petróleo y un 40% del gas natural de Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la intención es estar preparados.

“Creemos que es muy importante tener una visión europea y un enfoque coordinado para un posible corte completo del gas ruso. (…) Tenemos que pensar dónde se necesita más el gas y cómo podemos asegurarnos de que el gas realmente fluya hacia donde más se necesita», dijo Von der Leyen.

Una propuesta muy controvertida

Si se ratifica por el Consejo de la UE, las plantas de energía nuclear y de gas podrán ser etiquetadas y comercializadas como inversiones amigables con el planeta.

Con el gas, la Unión Europea tomará en cuenta aquellas propuestas de inversión que se ajusten a la nueva clasificación sostenible que estén destinadas a la generación eléctrica, solo cuando las emisiones sean menores a los 100 gramos de CO₂ por kilovatio hora (Kw/h), así como también proyectos que hayan sido aprobados antes del 2030, siempre y cuando no superen el umbral de emisiones de 270 gramos de CO₂ por Kw/h.

Para la energía nuclear, los nuevos proyectos de construcción de infraestructuras deberán ser aprobados antes del 2045 y antes del 2040 aquellas centrales nucleares ya existentes a las que se le realicen modificaciones y mejoras en sus instalaciones, por lo que se espera que estas inversiones tengan una vida útil hasta principios del siglo XXII aproximadamente.

Luxemburgo, Alemania y Austria se mostraron en contra de lo aprobado por el Parlamento Europeo y aseguraron que impugnarán la ley en los tribunales buscando aliados en su acción legal.

Para Leonore Gewessler, ministra de clima de Austria, la guerra que se libra en Ucrania no puede ser justificación, no se puede tener «un programa de lavado verde para la inversión en energía nuclear y gas fósil… No es creíble, ni basado en el conocimiento, pone en peligro nuestro futuro y es más que irresponsable».

Al rechazo se unió la organización Greenpeace, que también anunció acciones legales o el fondo de pensiones danés AkademikerPension.

La única posibilidad de que se retire la decisión es que el Consejo de UE manifieste su desacuerdo antes del próximo lunes, para esto tendrían que oponerse el 72% de los países, es decir 20 de 27, representando aproximadamente al 65% de la población de la Unión Europea compuesta por más de 290 millones de ciudadanos, un escenario que es muy improbable de suceder.