En el año 2013 el Gobierno aprobó una reforma eléctrica que modificó la normativa vigente desde 1997. Esta ha introducido importantes cambios para el sector y ha intendado frenar el creciente problema del déficit de tarifa eléctrica.
Por otra parte, en 2014 el Ejecutivo aprobó un cambio en el mecanismo por el cual se establece la tarifa regulada para los consumidores domésticos.
Vamos a intentar explicar brevemente estos cambios y arrojar un poco de luz, para que sepamos mejor qué pagamos a través de nuestro recibo eléctrico. Para ello hemos acudido en esta ocasión a UNESA, la patronal integrada por las cuatro grandes eléctricas .
Aquí reproducimos la versión de UNESA.
¿En qué consiste este sistema? ¿Por qué se cambió?
Actualmente los clientes domésticos que escogen acogerse a la tarifa regulada por el Gobierno lo hacen a través del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
La factura eléctrica de quienes se acogen a este sistema consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, están los costes regulados por el Gobierno: el pago de las redes de distribución y transporte (supone cerca del 18% del recibo), los impuestos (aproximadamente el 21%) y otros costes de carácter político fijados por el Gobierno (suponen el 25%).
La otra parte de la factura, que representa cerca del 35% de la misma, se refiere a energía eléctrica. En 2014 se cambió el mecanismo para obtener el precio de la energía; antes se hacía mediante una subasta para los tres meses siguientes; ahora se hace en base al precio horario del mercado mayorista.
Como en cualquier mercado, el precio de la energía depende de la oferta y la demanda que haya en cada momento.
¿Cuál sería el sistema ideal de fijación de precios?
Desde nuestro punto de vista debemos caminar hacia la liberalización del mercado eléctrico, en línea con las directrices marcadas desde la Comisión Europea. Pensamos que la tarifa eléctrica regulada debe estar destinada únicamente a ciertos colectivos especialmente vulnerables y que, por lo tanto, necesitan de una especial protección.
Lo ideal es que cada consumidor pueda negociar con su compañía la oferta de suministro eléctrico que se adapte mejor a sus necesidades, de tal forma que las empresas puedan competir libremente en el mercado.
De hecho, esta posibilidad ya existe, y unos nueve millones de consumidores domésticos (cerca del 40% de los que tienen derecho al PVPC) han optado por ella.
Creemos, además, que la liberalización del mercado eléctrico conllevará ventajas para el consumidor ya que, como ha sucedido en otros mercados –como en el de las telecomunicaciones- traerá consigo unos precios y ofertas más competitivas, a medio plazo.
A partir de aquí, ¿qué margen tienen las compañías para subir o bajar los precios? ¿tienen margen para competir?
Las compañías pueden competir en el mercado liberalizado, es decir, a través de las distintas ofertas comerciales que lanzan al mercado, y a las que se acogen aquellos consumidores que optan por salirse de la tarifa regulada.
Sin embargo, en lo que respecta al PVPC, las compañías no tienen posibilidad de competir, ya que esta viene fijada por el Gobierno.
Por otro lado, las empresas eléctricas no tienen capacidad para subir ni para bajar los precios. Como hemos señalado, la parte regulada viene determinada por la Administración; y la parte de la energía depende de los precios de los combustibles y del mercado, esto es, de la oferta (que haya más lluvia, viento…) y de la demanda (cuanta más demanda hay, por ejemplo por la noche -en torno a las 21.00 horas- de un día laborable, más cara es la energía, y viceversa).
De ese modo, son las condiciones climatológicas y la mayor o menor demanda de electricidad las principales responsables de las oscilaciones de los precios eléctricos: no las compañías del sector.
¿Cuáles son los principales elementos de la factura eléctrica?
Básicamente la factura eléctrica se compone de dos partes.
La otra parte, la regulada, se compone a su vez de distintas partidas: los impuestos (cerca del 21%), el transporte y la distribución (un 18%, aproximadamente) y una serie de costes, ajenos al suministro de energía, fijados por el Gobierno. Dentro de estos costes políticos encontramos distintas partidas. La mayor es la que se refiere a las primas (o “retribución específica”) que reciben las tecnologías renovables y la cogeneración. Pero también hay otra serie de costes, como la amortización del déficit de tarifa eléctrico, las llamadas “extrapeninsulares” (que se pagan para evitar que la electricidad sea más cara en las islas y en los territorios que no están en la Península Ibérica –donde es más caro suministrar la energía-), las subvenciones al carbón nacional, la moratoria nuclear, etc. Se trata de un conjunto de partidas de carácter político y que, por lo tanto, no deberían cargarse en la factura eléctrica que paga el consumidor, que debería incluir exclusivamente aquellos costes directamente vinculados al suministro eléctrico.
¿Cómo se entiende el déficit de tarifa con los beneficios de las empresas de la industria?
Son dos conceptos que no están relacionados.
Por un lado, las compañías eléctricas tienen un resultado neto (un beneficio o pérdida) al término de cada ejercicio, derivado de la actividad –no sólo eléctrica- que llevan a cabo tanto en España como en otros países, ya que se trata de multinacionales que operan en más mercados además del español.
Por otro lado, existe una deuda contraída por el sistema eléctrico que, durante más de diez años, se endeudó para poder pagar los costes regulados, ya que los ingresos de las tarifas eran insuficientes. Esta deuda se ha ido multiplicando a lo largo del tiempo hasta alcanzar la suma de 27.000 millones de euros.
El papel de las empresas en el déficit tarifario se limitó a que, durante un tiempo, se les obligó a prestar el dinero, hasta que los mercados financieros se hicieran cargo del mismo –lo que ya ha ocurrido, prácticamente en su totalidad-.
Por lo tanto, el déficit sólo afectó transitoriamente al endeudamiento de las empresas, pero no tenía nada que ver con sus beneficios.
¿Cómo se estimularía el ahorro del consumidor y la eficiencia energética?
La eficiencia energética es clave y debe fomentarse, de cara a cumplir con los objetivos comunitarios de reducción de emisiones de CO2 y con los compromisos medioambientales de España. A su vez, y dada la condición de este país de “isla energética”, la eficiencia cobra importancia también desde el punto de vista económico.
El consumidor debe ser responsable de su consumo, consciente de que, cada vez que pulsa un interruptor, está poniendo a funcionar una central eléctrica, ya que esta energía no es almacenable y, por lo tanto, se debe producir en el mismo momento en el que se consume.
Es relevante, por ello, que el consumidor esté informado y concienciado con la necesidad de ganar en eficiencia energética.
En este sentido, unos precios que envíen al consumidor la señal adecuada (es decir, que recojan todos los costes que entraña el suministro eléctrico) también pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética.
Finalmente, podría mencionar otros factores, como la eficiencia en la edificación, la progresiva implantación del vehículo eléctrico, la extensión de la telegestión y, por supuesto, el desarrollo de las hoy insuficientes interconexiones eléctricas con Europa. Todo ello coadyuvaría a la eficiencia energética y al ahorro de electricidad.
* Imagen de Hotblack
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