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Horas extraordinarias obligatorias siete días a la semana, despidos de mujeres embarazadas, tener que ir a trabajar estando enfermo, o no poder ir al baño o beber agua mientras realizan sus tareas. Y no estamos hablando de épocas pasadas, son situaciones actuales que denuncia la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en su informe ·Work Faster or Get Out: Labor Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry» donde pone de manifiesto estas situaciones y otras aún peores.
Esta ONG denuncia que el gobierno camboyano no protege a los y las trabajadoras del sector textil, que están produciendo para marcas de ropa internacionales, de los graves abusos contra los derechos laborales a los que se ven sometidos. Según este informe, las mujeres trabajadoras, que representan más del 90% de trabajadores de esta industria, a menudo sufren las horas extras obligatorias, la discriminación basada en el embarazo, y las prácticas antisindicales que ni el gobierno ni las grandes marcas han abordado adecuadamente, . El informe, que se basa en más de 340 entrevistas, incluyendo 270 trabajadores de 73 fábricas de Phnom Penh y de las provincias cercanas, se hace eco de las denuncias contra la pasividad del gobierno de Camboya que no logra frenar los abusos significativos a los derechos laborales, incluyendo «horas extras obligatorias y las represalias contra los que buscaban la exención de las horas extraordinarias, la falta de descansos, la denegación de la licencia por enfermedad, el uso de trabajo infantil de menores de edad, y la uso de estrategias antisindicales para frustrar los sindicatos independientes”.
Durante las entrevistas, muchos trabajadores dijeron que los gerentes de las fábricas los presionaban para cumplir con las metas de producción de manera que les impidieron tomar descansos, usar el baño, beber agua o comer el almuerzo. Situación que se agravó cuando en el 2014 se subió el salario mínimo.
Camboya saltó a los medios de comunicación internacionales cuando en enero de 2014, policía y soldados reprimieron a los trabajadores que protestaban por un salario mínimo más alto, matando al menos a cinco personas.
Pero ¿es el gobierno de Camboya el único responsable?, ¿tienen algo que ver nuestras pautas de consumo?, ¿que nos guste cambiar de modelo con frecuencia, puede estar detrás de estos abusos? Y ¿qué hay de las grandes marcas?, ¿qué medidas han tomado? ¿qué ocurre con sus códigos de conducta? ¿Hasta qué eslabón de la cadena de suministro tienen responsabilidad?, ¿Cuál es el papel de los sindicatos? ¿Y el de la RSC?
Muchas fábricas utilizan ilegalmente la fórmula de los contratos de corta duración para evitar así el pago de beneficios y poder despedir indiscriminadamente a los trabajadores, a pesar de estar prohibido por la legislación camboyana. El problema, según este informe, es que los dueños de las fábricas pueden salirse con la suya porque el gobierno no ejecuta la ley laboral y las marcas internacionales, muchas de ellas, no se implican y tampoco quieren verse involucradas con las pésimas condiciones a los que se enfrentan los trabajadores que hacen la ropa. De hecho, las marcas de ropa no han tomado las medidas adecuadas para poner fin a los contratos ilegales a corto plazo en sus fábricas proveedoras, incluso cuando sus códigos de conducta tienen cláusulas que limitan su uso.
Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo camboyano inició un mecanismo de inspección del trabajo pero que demostró su ineficacia. Por su parte, la Organización Internacional de Trabajo puso en marcha la iniciativa “Mejores fábricas de Camboya” (BCF) que es un programa de monitoreo de las grandes marcas y se encarga de inspeccionar todas las fábricas con licencia de exportación. Sin embargo, Human Rights Watch denunció el uso generalizado y sin control de fábricas subcontratistas sin licencia de exportación que están excluidas de las inspecciones.
Muy pocas marcas de ropa internacionales revelan los nombres y la ubicación de sus unidades de producción, de sus proveedores y subcontratistas, a pesar de que esas revelaciones pueden ayudar a los trabajadores y sindicatos a alertar a las marcas sobre la violación de los derechos laborales en las fábricas que se producen en ellas. No cabe duda, las marcas tienen un papel fundamental en la promoción del respeto de los derechos humanos, como se afirma en este informe. Pero una combinación de falta de trasparencia de la cadena de suministro, la falta de protección de los denunciantes, y que no hay información sobre los mecanismos de apoyo disponibles para los trabajadores en las fábricas subcontratistas no autorizadas, son todos obstáculos para la rendición de cuentas de la marca.
Human Rights Watch está en contacto directo con algunas de las marcas presentes en Camboya, de las cuales sólo Adidas, Gap y H&M se prestaron a discutir seriamente y abordar los problemas encontrados en el informe. Y más concretamente Adidas y H&M son las únicas que divulgan públicamente los nombres de sus proveedores y se comprometieron a actualizar periódicamente la lista. Sólo Adidas ha creado un proceso de denuncia anónima que asegura la protección de los trabajadores.
El papel de los sindicatos y de los líderes sindicales está siendo crucial en este proceso, su lucha a la hora de conseguir no sólo condiciones de trabajo más dignas para los trabajadores del sector, sino también es importante su contribución en la introducción y mejora de los derechos sociales y la democracia. El papel sindical es, así, fundamental en Camboya como lo fue y sigue siendo en países como el nuestro.
En cuanto a los consumidores, deberíamos presionar aún más a las compañías para que cambien sus prácticas de compra, y no demandar nuevos estilos de ropa con tanta frecuencia, que lo único que provoca es una mayor presión sobre los fabricantes locales para que aceleren su producción.
Como ya mencionamos, unque la carga de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales no recae sólo en las grandes marcas, el informe señala que es preciso que desarrollen una política plena de RSC. Algunas de las recomendaciones para las marcas textiles serían:
- fijar períodos de entrega adecuados,
- establecer relaciones a largo plazo para incentivar a los proveedores en la mejora de los estándares laborales
- e incorporar expertos en cuestiones éticas que participen en la definición de las prácticas de compra.
En el informe también se les hace un llamamiento para que revelen públicamente sus proveedores y a que tengan en cuenta el costo que supone la seguridad, la salud y el cumplimiento de la mano de obra en sus contratos.
Humans Rights Watch además insta al gobierno a cambiar sus políticas en materia de inspección, y recomienda que se cree un sistema de protección de los denunciantes para los trabajadores y representantes sindicales que alerten a las marcas de las subcontrataciones no autorizadas. Y otras muchas más que puedes consultar en su informe y que te recomendamos leer junto con las cartas de Human Rights Watch envió a las marcas y a los funcionarios del gobierno y sus las respuestas que dieron.
Cartas y respuestas
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*Imagen de World Bank Photo Collection
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