Los papeles de Panamá han demostrado una vez más que la corrupción es global y el dinero ilícito es relativamente fácil de ocultar, especialmente para los más poderosos. Según las revelaciones del ICIJ, ciento cuarenta políticos y funcionarios públicos, entre ellos 12 líderes mundiales actuales y anteriores, han utilizado más de 214.000 entidades offshore para ocultar la propiedad de los activos.
Sin embargo, seguir el rastro del dinero es mucho más complicado. Transparencia Internacional está trabajando junto con Open Corporates, Global Witness, The ONE Campaing, the Web Foundation, Open Contracting Partnership y The B Team para establecer un registro mundial público de la propiedad corporativa. El objetivo es hacer un listado de los propietarios reales de todas las empresas en todos los países.
Este nuevo registro mundial combinará los datos públicos nacionales de titularidad de la propiedad corporativa pero también será una plataforma para que las empresas difundan voluntariamente esta información.
A juicio de Maggie Murphie, Coordinadora de Campañas en Transparencia Internacional, este listado de propietarios reales no sólo hará que sea más fácil de rastrear el origen de los fondos corruptos, sino que también:
– Mejorará el clima de negocios, reduciendo el riesgo y aumentando el conocimiento mutuo entre las empresas, clientes y proveedores.
– Dará a los inversores una mejor visión de las empresas donde están considerando invertir aumentando la transparencia en materia de inversión
– Proporcionará a la sociedad una mejor visibilidad de las actividades de las empresas
– Una mayor transparencia y un terreno de juego más equitativo en la contratación pública penalizando a las empresas infractoras.
Esta iniciativa facilitaría la rendición de cuentas corporativa en diferentes jurisdicciones dado el distinto nivel normativo en el que nos encontramos. Reino Unido, Ucrania, Noruega y los Países Bajos han dado pasos ya para exigir a las empresas información sobre los titulares reales de sus empresas nacionales haciendo obligatoria también su divulgación en un registro público. Sin embargo, conforme al informe de Transparencia Internacional del año pasado, Just for Show? Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership, 15 de los países del G20 han limitado sus marcos legales al respecto y todavía se escudan en si la divulgación de estos datos constituye un «interés legítimo» conforme a la última Directiva UE contra el blanqueo de capitales.
imagen: Raed mansour, flirck
Fuente: Transparencia Internacional.
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