En Australia, ocho adolescentes y una monja habían ganado previamente su caso contra el ministerio federal de medio ambiente en relación con la expansión de una mina de carbón de NSW
El ministerio federal de medio ambiente, bajo la titularidad de Sussan Ley , apeló con éxito una decisión judicial que determinó que tenía el deber de proteger a los jóvenes de la crisis climática al evaluar los desarrollos de combustibles fósiles.
Irene Rodríguez – Agora
15 de marzo de 2022
El año pasado, ocho adolescentes y Brigid Arthur, una monja de 87 años y ex maestra que se ofreció como voluntaria para ser su tutora legal, solicitaron una orden judicial para evitar la aprobación de una ley que autorizara una propuesta de Whitehaven Coal para expandir la mina de carbón Vickery en el norte de Nueva Gales del Sur, argumentando que el ministerio tenía el deber de cuidado del derecho consuetudinario para proteger a los jóvenes contra daños futuros debido al cambio climático.
En el primer fallo, el juez Mordecai Bromber sancionó que el Ministerio tenía el deber de diligencia de no actuar de una manera que pudiera causar daño futuro a los jóvenes, pero no otorgó la medida cautelar porque no consideraba que el Ministerio incumpliera su deber de diligencia.
Posteriormente, el pasado martes, el pleno de la corte federal revocó el esa sentencia sobre la base de que el deber de cuidado no debería imponerse al Ministerio. Entre los argumentos de los jueces se encontraban que los procesos judiciales no eran adecuados para determinar asuntos de política pública y que la protección del público de lesiones personales causadas por los efectos del cambio climático no era responsabilidad del Ministerio según la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad australiana.
En el fallo no se cuestionaban ni las pruebas presentadas ni los efectos de la expansión de la mina, que podría generar 100 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono, aproximadamente el 20% de la huella climática anual de Australia, liberadas a la atmósfera a medida que el carbón extraído se envía al extranjero y se quema para fabricar acero y generar electricidad.
En su fallo inicial, el juez Bromberg reconocía que el daño potencial que los niños podrían enfrentar debido al calentamiento global “puede describirse como catastrófico, en particular si las temperaturas superficiales promedio globales aumentan y superan los 3°C por encima del nivel preindustrial”.
El tribunal de apelación consideró por su parte, que no existía relación de responsabilidad entre el Ministerio y los jóvenes y que las leyes ambientales nacionales no establecieron una relación entre el ministro y los adolescentes que presentaron el caso.
Los demandantes anunciaron que apelarían el fallo.
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