Helena Ancos
- La crisis de COVID-19 está generando proyectos sociales movilizadores e innovadores.
- El establecimiento de la Seguridad Alimentaria Social es uno de ellos. La idea es simple: se trata de pagar, cada mes a cada persona, una suma, de 100 € a 150 €, dedicada exclusivamente a la alimentación.
- Este proyecto pretende luchar contra la inseguridad alimentaria al tiempo que estimula la transición ecológica de la agricultura.
27 de mayo de 2020
El pasado 12 de marzo, el presidente francés Emmanuel Macron, pronunciaba un discurso a la nación donde afirmaba: «Lo que esta pandemia ya revela es que la atención médica gratuita sin ningún ingreso, carrera o profesión, nuestro estado de bienestar, no son costos ni cargas, sino bienes preciosos, activos esenciales cuando golpea el destino.» “Hay bienes y servicios que deben colocarse fuera de las leyes del mercado. Delegar nuestra comida, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro entorno de vida en los demás es una locura. Necesitamos recuperar el control«.
A partir de este discurso, algunos académicos, intelectuales y activistas franceses interpretaban la defensa del Presidente francés de que no sólo la salud sino también el derecho a la alimentación debían de estar al margen de las reglas del mercado, y han reavivado un debate que ya se viene planteando desde hace algún tiempo en Francia: la defensa de una seguridad social alimentaria (SSA).
En Francia, la Seguridad Social fue diseñada por el Consejo Nacional de Resistencia (CNR) cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado.
Y argumentan que si en 1946, la salud fue decretada como un bien común; en 2020, se debería hacer lo mismo con la comida, como herramienta para luchar contra la pobreza a la que conducirá la actual pandemia a muchas personas.
Así colectivos como el grupo de Agricultura y Soberanía Alimentaria (AgriSTA) de la asociación Ingenieros sin Fronteras ofrece un escenario de SSA a 150 € por mes y financiado por contribuciones. La Red de Empleados, que se inspira en los trabajos del economista Bernard Friot, está trabajando en una propuesta similar.
Aunque tras la SSA hay distintas variantes ideológicas y teóricas (desde la democracia de los alimentos, de economía feminista, y transición ecológica) en líneas generales, la SSA pretende proponer un escenario alternativo, orientado hacia una extensión del estado de bienestar a través de los alimentos coincidiendo en una revalorización de las profesiones agrícolas y un marco regulatorio del sector para una mejor redistribución del valor agregado a favor de los productores.
Básicamente la propuesta de Seguridad Social de Alimentos consistiría en un pago mensual – en una «tarjeta de seguridad social de alimentos» – de unos 100 a 150 euros mensuales, que solamente se podría gastar con profesionales de alimentos aprobados o para la compra de ciertos productos. Los profesionales se seleccionarían a nivel nacional a través de criterios de estandarización ambiental y ética (producción local, orgánica, estacional, bienestar animal, etc.).
Y el pago sería universal, es decir todos los ciudadanos se beneficiarían de esta asignación de alimentos, aunque podría adaptarse en función de criterios como el costo de la vida en un lugar geográfico.
Al igual que la Seguridad Social hoy, su financiación sería múltiple. En primer lugar, parte provendría de un «aporte social de alimentos» recaudado y redistribuido de manera similar a la del seguro de salud. Una contribución del 5%, sobre ingresos mixtos y salarios constantes que según los proponentes podría financiar más de la mitad del esquema. El resto sería financiado por el Estado, gravando más los ingresos de capital.
Reconocimiento del Derecho a la alimentación frente a la ayuda alimentaria
Pero junto a ello, defienden sus proponentes, el establecimiento de la seguridad alimentaria social apuntaría a garantizar un «derecho a la alimentación», que se deriva del derecho internacional y, en particular, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por la cual todos tienen derecho a «un nivel de vida adecuado […] especialmente para la alimentación» y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 que lo consagra a través de su artículo 11. La falta de efectividad legal de estos textos junto a la ausencia de reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho constitucional en muchos países hace que se confunda «la ayuda alimentaria y el derecho a la alimentación: asistencia para ser alimentada/o por un lado y el acceso independiente a los alimentos por el otro». Por lo tanto, el proyecto SSA apunta a establecer un derecho a la alimentación como parte de este enfoque de acceso autónomo y no simplemente asistencia.
Herramienta para la transición ecológica
Pero al mismo tiempo, y quizás en su vertiente más interesante, el proyecto de seguridad alimentaria social sería una herramienta poderosa para la transición ecológica. De hecho, la cantidad distribuida solo se podía gastar con profesionales de la industria agrícola, alimentaria y de restauración, profesionales que se seleccionarían en base a criterios ecológicos: bajo uso de pesticidas, manejo económico del agua, bienestar de los animales etc, rompiendo así con un modelo de agricultura intensivo y productivista.
Al mismo tiempo, esta medida contribuiría a la soberanía alimentaria, amenazada por los acuerdos de libre comercio y fomentaría el comercio de proximidad: en España, el crecimiento de la importación de frutas y hortalizas frescas en 2018 en relación al año anterior fue del 8% en volumen y del 9% en valor, según datos del Departamento de Aduanas, alcanzando máximos históricos de 3,3 millones de toneladas y 2.757 millones de euros. Según FEPEX (la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas) estos datos, son consecuencia del crecimiento continuado de los últimos años, impulsado en gran medida por la globalización de la importación. Las importaciones, antes focalizadas en un grupo reducido de productos encabezados por la patata en el caso de las hortalizas y el plátano y la manzana en el caso de las frutas, ahora se amplían a un mayor número de productos y países de origen.
En definitiva, una nueva propuesta que aúna transición ecológica, con medidas de justicia social y salud pública, y una medida con un gran componente cultural de promoción del patrimonio alimentario nacional. Y que en palabras de Dominique Paturel ayudaría a romper el “techo de cristal” de multitud de iniciativas de la sociedad civil y la economía social y solidaria. La base de la pirámide de Maslow convertida en elemento esencial en el estado de bienestar.
Imagen: El Almuerzo de los segadores de Pieter Brueghel
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