1 de marzo de 2020
- ¿Puede la ley llevar a una compañía petrolera a revisar su modelo de negocio?
- ¿Hasta dónde llega el deber de vigilancia debida? Es la apuesta de un colectivo de asociaciones y colectividades que llevan a Total ante la justicia.
El martes 28 de enero, un colectivo de asociaciones (Notre Affaire à tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA) y de autoridades locales (alcaldes que incluyen 14 municipios y regiones francesas como Arcueil, Bayona, Bègles, Correns, Grande-Synthe, Grenoble, La Possession (en Reunion), Mouans-Sartoux, Nanterre, Saint-Yvon, Sevran, Vitry-le-François y la comunidad territorial de Gran París-Este ) demandaron a la empresa Total ante la justicia francesa con el objetivo de » mejorar las ambiciones climáticas de una compañía petrolera multinacional «.
Esta acción, sin duda ambiciosa tanto a nivel práctico como de difícil argumentación jurídica, tiene como objetivo modificar el modelo de negocio de la empresa. Para ello se basan en la Ley francesa sobre el deber de vigilancia debida y en la Carta Ambiental. No se trata de pedir daños, sino de obligar al petrolero a cambiar su modelo de negocio por lo que de admitirse, el juez tendrá que pronunciarse sobre la interferencia de la libertad de empresa en la gestión empresarial.
Los reclamantes confían en el deber de vigilancia que desde 2017 y sancionado por ley exige que las grandes empresas, establecidas en Francia, desarrollen un plan de vigilancia para evaluar, prevenir y reducir sus impactos sociales y ambientales en toda su cadena de valor, incluidos sus subcontratistas o proveedores. También apelan a la carta ambiental, que tiene valor constitucional.
Según los demandantes, las emisiones de gases de efecto invernadero de la multinacional francesa «representan más de dos tercios de todas las emisiones de Francia »
Hay que recordar que Total se enfrenta a otro procedimiento en base a la misma ley, pero en relación el respeto a los riesgos de derechos humanos en un proyecto de Uganda.
El caso es interesante por varias razones.
- Por un lado, porque Total ya ha implementado ciertas acciones en su plan de negocio con el fin de integrar las preocupaciones climáticas, pero se cuestiona su verdadero alcance y el compromiso de la empresa.
Según el abogado de los demandantes, «No queremos que Total desaparezca, sino que acelere su transición energética, redirigiendo sus inversiones hacia energías renovables y abandonando los fósiles».
- También se tratará de juzgar los medios implementados por Total para responder al riesgo climático. El colectivo se basa en los últimos informes del IPCC y en la ambición más fuerte del Acuerdo de París, + 1.5 ° C en comparación con la era preindustrial. En este contexto, juzga que las ambiciones y acciones de Total en su plan de vigilancia son insuficientes. Es decir, ¿cuál es el alcance de los compromisos internacionales en materia de cambio climático para las empresas? ¿Y hasta qué punto los medios que estas implementan según las leyes nacionales son suficientes?
En el fondo, lo que se pide es que Total publique un nuevo plan de vigilancia con una nueva identificación de los riesgos y las medidas preventivas que deben adoptarse. Es más, los demandantes piden una combinación energética específica: -87% de la producción de petróleo y -74% de gas para 2050 en comparación con 2010.
Este será el primer juicio que invoca el deber de diligencia debida enfocado a la estrategia de la empresa y en principio parecen escasas sus posibilidades de éxito, especialmente por el amplio margen de interpretación que concede esta ley. No obstante, en los Países Bajos, en abril del año pasado, varias ONG demandaron a Shell para obtener una reducción en sus emisiones de acuerdo con los objetivos del acuerdo de París. En octubre, los tribunales holandeses ordenaron al Estado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% para 2020 . En mayo, una docena de familias acudieron a la justicia europea para que la UE redujera aún más sus emisiones de CO2. Por el contrario, la ciudad de Nueva York, presentó una demanda contra cinco petroleros, que fue desestimada .
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