Todos hemos escuchado con frecuencia a algunos parlamentarios escorados contra las cuerdas del devenir político aquello de “estamos legitimados por las urnas”.
La “legitimación por las urnas” es en realidad una sinécdoque donde el instrumento acaba designando un proceso y unos valores de representación ciudadana que se prolongan durante cuatro años pero que se ha acabado convirtiendo en un marco lógico, una manida simplificación ante las debidas exigencias de rendición democráticas.
Y es que la legitimación no se ciñe al momento concreto del depósito del voto en las urnas sino que abarca dos procesos de trayectoria temporal distinta. Uno, el que implica la convención de cada elector con un marco programático concreto que inviste al candidato en representante. Cabe aquí que el ciudadano elector se guíe por la costumbre, sus preferencias más o menos irracionales, su intuición, o por una decisión informada, un ejercicio pausado y meditado de retrospección sobre la evaluación del pasado del partido y del candidato, y sobre un proyecto futuro plasmado en debates políticos y programas electorales.
Otro proceso que confluye en la legitimación, es la continuada rendición de cuentas, cuatro años donde las promesas electorales se han de ajustar de forma justificada a las contingencias de la realidad.
La sostenibilidad de una sociedad puede concebirse como un sistema complejo de múltiples interrelaciones, un poliedro que nos obliga a interpretar el conjunto de forma simultánea, y donde una visión mínimamente organizada vendrá de la mano de abundante información y criterios técnicos para interpretarla.
Es cierto que como decía Geoff Mulgan “en una democracia, la gente y los políticos que la representan, tienen todo el derecho de ignorar la evidencia” pero
Como pusimos de manifiesto en los dos editoriales anteriores, Programas sostenibles, ciudadanía consciente, y Políticas públicas y sostenibilidad, traducir los programas electorales a indicadores de políticas públicas y de sostenibilidad es contribuir al escrutinio racional de la ciudadanía, a crear incentivos sociales y políticos de mayor eficacia y compromiso por los servidores públicos, y en definitiva, a una mejora de la calidad democrática. Pasar la narrativa de los programas por el tamiz de los indicadores y las comparativas, es transformarlos en medidas programáticas más rotundas.
No creo que los programas electorales deban ser un contrato jurídico con la ciudadanía, pero tampoco ha de ser un brindis al sol. No creo que un programa electoral deba alcanzar los rigores de sanción de un contrato, pero sí el peso de la acción ciudadana manifestada en la rendición de cuentas durante toda la legislatura y en su reválida posterior en las urnas. El programa electoral como dice Pablo Simón debe ser un ejercicio de honestidad y transparencia, de objetivos y medios plausibles y elaborados, no de envites ni faroles electoralistas.
Sin embargo, si bien la legitimidad de las urnas debe ajustarse al programa electoral y al mismo tiempo otorgar cierto grado de confianza, flexibilidad y oportunidad que necesita el gestor político,
la transversalidad y la sostenibilidad operan como correctivos a las medidas de autoselección programática, a la deliberada vaguedad de muchos objetivos, y a las desviaciones de las promesas, una suerte de comply or explain en la acción política posterior.
Si se promete la inclusión laboral de los discapacitados, su coherencia con el cumplimiento de otros objetivos asociados, como las prestaciones sociales, los incentivos a la contratación por los empresarios, la inversión en formación para este colectivo, las cláusulas sociales en la contratación pública, una mayor sensibilización y diálogo con agentes sociales, actuarán conjuntamente en un juego de vasos comunicantes y de adaptación a los cambios.
Si por ejemplo, el objetivo es el cambio del modelo productivo, prestaremos atención al número de empleos verdes conseguidos, las medidas de eficiencia energética y las inversiones en tecnologías limpias, el aumento de la I+D+i, las políticas de internacionalización empresarial, el fomento de clusters, o la apuesta por la apertura del crédito bancario y mecanismos alternativos de financiación a las pymes.
Hablar de sostenibilidad en los programas electorales es hablar de interrelaciones de objetivos, de largo plazo y sobre todo, de los criterios que deben primar en las políticas públicas: eficacia, eficiencia, equidad y… sostenibilidad. Como vemos en el adelanto del análisis de los programas electorales que hemos realizado en AGORA , algunos programas electorales dicen más por lo que omiten en sostenibilidad que por lo que cuentan.
Porque las omisiones, las incoherencias, la escasa ambición en objetivos, o los lugares comunes en cualquiera de las dimensiones ambientales, económicas o sociales, acaban revelando a) que bien esos objetivos no son prioritarios y serán fácilmente desechables o b) que si no se explica el por qué, el para qué, y el cómo se va a hacer con sus correspondientes trade-offs, las probabilidades de éxito se verán notablemente reducidas.
En conclusión, la sostenibilidad es todavía una asignatura pendiente para nuestra política. A muchos programas electorales les falta un hervor en sostenibilidad. Esperemos que llegue el día en que nuestros políticos y sus promesas se disputen también para la sostenibilidad aquello del “y yo más”.
Imagen: Pschubert en Morguefile
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