Desde que en 1999 se creó el Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC), la red sindical internacional de inversión socialmente responsable cuyos miembros forman parte de organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) y a la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), el trabajo de CCOO en el ámbito de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) no ha parado de crecer. Ese mismo año, empezamos a desarrollar nuestra actividad en este ámbito, dando un salto cualitativo en 2006, que fue el año en el que realizamos nuestra primera campaña de promoción del ejercicio de derechos políticos por parte de las comisiones de control de los fondos de pensiones del sistema de empleo y las juntas directivas de las mutualidades de previsión y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). 2006 fue también el año en el que se creó la Iniciativa Principios para la Inversión Responsable (PRI), auspiciada por Naciones Unidas, de la que el Comité sobre el Capital de los Trabajadores es Network Supporter (organizaciones y/o asociaciones sin ánimo de lucro para la promoción de la ISR que públicamente expresan su apoyo a la iniciativa). En noviembre de este año, Xander den Uyl, fideicomisario del fondo de pensiones ABP y vicepresidente del fondo de pensiones PWRI, que fue Secretario General del sindicato holandés Abvakabo FNV de 2004 a 2010 y es un destacado miembro del CWC, ha sido elegido miembro del consejo de los PRI por los propietarios de activos de la iniciativa.
Para CCOO, el ahorro de los trabajadores que se invierte a través de los diferentes instrumentos de previsión social en la empresa debe tratar de cumplir dos objetivos fundamentales y plenamente compatibles entre sí: el pago de las prestaciones a las que tienen derecho los partícipes, razón por la cual se crean estos instrumentos, y el ejercicio de la responsabilidad social de sus representantes en los órganos de gobierno de estas entidades.
Para lograrlo, es necesario que se defina e implemente una política de inversión socialmente responsable y se realice un control y seguimiento adecuados, tanto de los criterios financieros como de los extrafinancieros, con el objeto de obtener la prestación objetivo acordada. Desde nuestro punto de vista, es importante destacar que para cumplir este objetivo, no se pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible a corto plazo; sino que se trata de lograr la rentabilidad necesaria, y que ésta sea sostenible en el largo plazo.
Debido a la realización de un análisis más completo (financiero y extrafinanciero o ASG –medioambiental, social y de buen gobierno-), consideramos que la ISR es una herramienta útil que permite reducir algunos riesgos que de otra manera pasarían desapercibidos y que también pueden tener un impacto significativo en los valores en los que se está invertido (un desastre medioambiental, un mal gobierno corporativo o unas relaciones laborales deficientes); así como también aprovechar las oportunidades que se presentan en este campo (inversión de impacto social y medioambiental o selección de empresas destacadas en RSE). En este sentido, la ISR es un medio para optimizar el binomio de rentabilidad-riesgo; pero este criterio no es el único que nos mueve a impulsar nuestra acción en este ámbito.
Como hemos comentado anteriormente, la responsabilidad social de los representantes de los trabajadores en las comisiones de control y las juntas directivas con respecto a partícipes y beneficiarios y la sociedad en su conjunto sería otro aspecto fundamental a considerar desde una perspectiva sindical de aproximación a la ISR. Las organizaciones sindicales consideramos que el ahorro o el capital de los trabajadores no debe perjudicar los intereses de éstos y ha ser sostenible en el largo plazo, que además coincide con el horizonte temporal de inversión de estos instrumentos. Para cumplir con este segundo objetivo, el ejercicio de la propiedad activa adquiere una especial relevancia, ya que las entidades de previsión social, como propietarias de activos, deben ejercen unas labores de control y supervisión como accionistas de las empresas que forman parte de sus carteras. Este no es un tema baladí, ya que en una junta de accionistas se deciden cuestiones muy importantes como pueden ser la ratificación, el nombramiento o la reelección de consejeros; la distribución de beneficios; el nombramiento o la reelección del auditor o la política retributiva del consejo, además de validar o no la gestión de los órganos de administración de la sociedad sancionando con ello el apoyo o rechazo a su gestión corporativa. Estas cuestiones pueden ser clave para la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas.
Los inversores socialmente responsables consideramos que las empresas deben retribuir a sus accionistas a través de un dividendo sostenible; es decir, que permita a la empresa reinvertir una parte significativa del beneficio en la actividad productiva o fortalecer sus reservas para reforzar su resistencia a momentos difíciles, y contribuir de esta forma a su competitividad y sostenibilidad en el largo plazo. Lamentablemente, en numerosas ocasiones a lo largo de estos años de campañas de juntas de accionistas, hemos visto casos de empresas que en su propuesta de distribución de resultados presumen de haber sido capaces de mantener o incluso incrementar la retribución del accionista, superando incluso el 100% del beneficio -complementando con reservas el dividendo-, a pesar de haber reducido sus beneficios o incluso no tener beneficios. La recompra y amortización de acciones con el único objetivo de retribuir al accionista, también empieza a aparecer en las juntas de accionistas españolas. Este tipo de políticas, no sostenibles en el largo plazo, ha motivado que, incluso, gestoras como BlackRock se hayan dirigido a las empresas demandando más reinversión de beneficios y menos reparto de dividendos.
Otra de las líneas de trabajo que desde el CWC o la Iniciativa PRI se trata de desarrollar es el trabajo en red y coordinado de los inversores socialmente responsables a través de estrategias de engagement o diálogo con las empresas. El objetivo no es otro que influir a las empresas, promoviendo la RSE y su sostenibilidad en el largo plazo. La Iniciativa PRI surgió, entre otras razones, porque se consideraba que iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tratan de promover la RSE en las empresas de forma voluntaria, necesitaban ser complementadas por parte de la comunidad inversora y propietaria, en última instancia, de las empresas.
Por ello, las políticas coordinadas de diálogo con las empresas con el objeto de tratar de modificar comportamientos no deseados y transformarlos en sostenibles, sería el nivel más avanzado de una política ISR. En ocasiones, este objetivo se consigue; en otras no. En este último caso, la opción por la que suele optar es la desinversión, informando públicamente de las causas de la misma, con el objeto de influir a la empresa a través de la opinión pública.
La ISR se encuentra en una fase de asentamiento en nuestro país. A lo largo de estos años, concretamente en 2007, 2011 y 2014, se han dado avances significativos en el terreno normativo y se ha regulado la obligación de ejercer los derechos políticos por parte de la comisión de control e informar de la política ejercida en el informe de gestión anual (RD 304/2004, de 20 de febrero, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, artículo 69.7) y la obligación de informar en las políticas de inversión de los fondos de pensiones de empleo de la consideración, o no, de los criterios ASG (RD 1/12002, de 29 de noviembre, Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, artículo 14.7 y RD 304/2004, de 20 de febrero, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, artículo 69.5). En caso de que se consideren estos criterios, se deberá informar además de su implementación, gestión y seguimiento en el informe de gestión anual. Este desarrollo normativo responde a las demandas sindicales para tratar de promover estos criterios en los fondos de pensiones de empleo y de esta forma poder superar algunas de las barreras que, en ocasiones, surgen a la hora de desarrollar estos principios (oposición de los promotores –los representantes de las empresas en las comisiones de control-; resistencia de las gestoras al cambio en su modelo de gestión, etc.).
Este tipo de normativa se ha introducido ya en varios países y se ha mostrado efectiva a la hora de incentivar y promover el desarrollo de estas políticas. A pesar de que a día de hoy todavía se pueden encontrar Declaraciones de Principios de Política de Inversión que afirman no tener en cuenta estos criterios; en la mayoría de casos, se incluye ya la consideración de los criterios ASG; si bien, en los próximos años es previsible que se deba avanzar en los mecanismos de medición, implementación, control y seguimiento de las políticas y en el desarrollo de políticas de engagement o diálogo con las empresas. Otra cuestión que afecta al desarrollo de la ISR es el reducido volumen de patrimonio de los fondos de pensiones del sistema de empleo español, que limita las posibilidades de diversificación y afecta al desarrollo de políticas ISR más complejas y avanzadas. No obstante, y a pesar de ello, ya hay experiencias de participación en campañas de engagement o diálogo promovidas por el CWC. Por ejemplo, en 2012, el fondo de empleados de RTVE, participó en una campaña en la que se solicitaba al Parlamento Europeo el establecimiento de criterios de transparencia y rendición de cuentas en relación a las empresas que actúan en Myanmar (antigua Birmania); en 2013, el Fondo de Pensiones Asociado de CCOO, el Fondo de Empleados de RTVE, el Fondo de Empleados de Caixabank y la mutualidad de los trabajadores del sector aéreo Montepío Loreto, firmaron junto a 200 inversores institucionales de América del Norte, Europa y Australia (que reúnen 1,5 billones de dólares en activos gestionados) una declaración de apoyo al acuerdo entre organizaciones sindicales y multinacionales (Acuerdo para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios en la industria de la confección en Bangladesh), con el objeto de presionar a empresas norteamericanas como Wal-Mart y Gap y conseguir su adhesión al mismo.
Son, por tanto, los fondos de empleo los que, gracias a la iniciativa sindical y a la mayor sensibilidad de trabajadores y trabajadoras al uso socialmente responsable de estos instrumentos colectivos, lideran en España esta iniciativa. Esperemos que el resto de instituciones de inversión colectiva, en manos de las entidades gestoras y sector financiero, sigan pronto su ejemplo.
En 2014, CCOO firmó junto a las confederaciones sindicales nacionales de 18 países, las federaciones sindicales nacionales de 5 países y 6 organizaciones sindicales internacionales la campaña de fiscalidad responsable en las inversiones de los instrumentos de previsión social de los sistemas de empleo en la que también se apoyaba el Plan de Acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), aprobado finalmente en 2015. Esta campaña tendrá su continuidad en 2016, ya que recientemente, el CWC publicó una hoja de ruta para integrar los riesgos fiscales, de las empresas en las que invierten estas entidades, en las políticas de inversión de los fondos de pensiones. Entre los indicadores de análisis de estas cuestiones, destacamos la información pública de las empresas, país por país, sobre los impuestos pagados y el uso de indicadores BEPS-OCDE por parte de las empresas.
En 2015 se ha llevado a cabo la X campaña de participación en juntas de accionistas promovida por CCOO, en la que, al menos, 7 fondos de pensiones del sistema de empleo han ejercido el voto directamente (que representan en torno a 8.000 millones de euros de patrimonio -23% del patrimonio del sistema de empleo- y mas 700.000 partícipes -33% del total del sistema-). El porcentaje de participación directa permanece estancado en los últimos años; mientras que el porcentaje del voto delegado que ejerce la gestora siguiendo recomendaciones de proxy advisors ha aumentado, ya que algunas entidades han empezado a contratar estos servicios y ejercen estos derechos en España y en el extranjero. En este sentido, las líneas de trabajo de CCOO para los próximos años se han de centrar en la superación del bloqueo del ejercicio del voto directo, que en ocasiones se da, por parte de los representantes de las empresas (promotores) en las comisiones de control; en la exigencia a las gestoras y depositarias de mecanismos adecuados que permitan el ejercicio de voto por parte de las comisiones de control que quieran ejercerlo directamente -en los casos en los que no los hayan implementado todavía-; en el control del voto delegado, dada su creciente importancia y en la formación continua y el asesoramiento a los representantes de CCOO en las comisiones de control sobre estas cuestiones.
En relación con el desarrollo de los PRI en nuestro país, actualmente están participando 5 fondos de pensiones del sistema de empleo y una mutualidad de previsión social (Bansabadell 25 FP, BBVA Fondo de Empleo, Midat Cyclops FP, Loreto Mutua M.P.S., Pensions Caixa 30 FP, Repsol II Fondo de Pensiones y Santander Empleados Pensiones FP); un fondo de pensiones del sistema asociado (CCOO, FP para los afiliados de CCOO); 6 gestoras de fondos de pensiones (BanSabadell Pensiones, Deutsche Zurich Pensiones, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja Pensión, Santander Pensiones y VidaCaixa) y dos consultoras de pensiones (CPPS y Novaster). Desde CCOO esperamos que la reciente incorporación del fondo de pensiones del sistema asociado de CCOO y la difusión de sus actuaciones en esta iniciativa, contribuya a fomentar la adhesión de otros fondos de pensiones a la misma, ya que les permitirá desarrollar políticas ISR más avanzadas, a pesar de tener unos recursos limitados, en numerosas ocasiones, debido al reducido volumen de patrimonio de la mayoría de fondos de pensiones del sistema de empleo español.
Por último, destacamos que el Foro para la promoción de la Inversión Socialmente Responsable en España, SpainSIF, del que CCOO y UGT, son socios fundadores, ha cumplido ya 6 años. Esta asociación de la que también forman parte entidades financieras, entidades gestoras, universidades, escuelas de negocio, consultores, y ONGs ha ido poco a poco consolidando su actuación en nuestro país y deberá seguir trabajando en la búsqueda de puntos de encuentro y objetivos comunes para que la inversión socialmente responsable siga avanzando en los próximos años.
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