Esta semana pasada hemos asistido a un importante avance en la lucha contra los paraísos fiscales en la contratación pública.
Por un lado, las Cortes de Aragón aprobaron el pasado jueves, por unanimidad, una Proposición No de Ley de Podemos para controlar la contratación de servicios y hacer cumplir la responsabilidad fiscal, con el fin de que las empresas que operan y tributan en paraísos fiscales no sean adjudicatarias de contratos públicos.
La propuesta pretende vigilar la «responsabilidad fiscal de las empresas concurrentes que operan y tributan en paraísos fiscales de acuerdo con el ordenamiento legal vigente y con el respeto a la libre concurrencia y la igualdad en el acceso a los contratos» y prevé «la realización de un informe sobre las cláusulas que se pueden incluir en las diferentes fases de los futuros pliegos de condiciones de contratación de la Administración de la Comunidad«.
Del mismo modo, esta semana también se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona una propuesta por la que los contratos incluirán una cláusula por la que las entidades declararán no haber efectuado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales. Se entenderá paraíso fiscal cualquier plataforma incluida en las listas europeas de paraísos fiscales o, en su defecto, las que pueda elaborar el Estado español. Las posibles irregularidades tienen que ver con delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública.
El decreto no se aplicará retroactivamente en caso de haber efectuado operaciones financieras en estos centros, pero las empresas que hayan firmado contratos con el Ayuntamiento en base a las nuevas cláusulas se enfrentarán a diversas medidas por infracción grave del contrato (multas, rescisión de contrato e incluso la prohibición de volver a contratar “por incumplimiento de cláusulas esenciales del contrato”).
Ambas iniciativas parten de la constatación de que el fraude fiscal no sólo es una actividad no ética, sino que detrae ingresos públicos de manera considerable. Según datos de Intermón Oxfam y el Observatorio de RSC, entre 2007 y 2015, el impuesto de sociedades bajó un 49,5%, lo que supone 22.219 millones menos para las arcas públicas españolas.
Pero además promueve la competencia desleal entre las empresas competidoras en la contratación pública, no sólo entre empresas cumplidoras e incumplidoras de obligaciones fiscales, sino entre grandes empresas y pymes. GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha calculado que el 71% del fraude fiscal que padece España es atribuible a patrimonios altos y grandes empresas. Intermón Oxfam y el Observatorio de e Responsabilidad Social Corporativa (RSC) han denunciado que el número de filiales de las empresas del selectivo Ibex 35 que operan en paraísos fiscales aumentó desde 2015 un 10%.
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