22 de junio de 2019
Transparency International es una de las más de 400 organizaciones de la sociedad civil que exigen al G20 que proteja a los denunciantes de represalias, en una convocatoria conjunta con sindicatos de todos los países del G20. Los grupos de participación oficiales del G20 para la sociedad civil (C20 o Civil 20) y los sindicatos (L20 o Labor 20) están pidiendo a los líderes del G20 reunidos en Osaka esta semana que adopten e implementen principios de alto nivel sobre denuncia de irregularidades.
“Los denunciantes han ayudado a salvar innumerables vidas y miles de millones de dólares en fondos públicos, pero a menudo enfrentan graves consecuencias por hablar. Proteger de represalias a los denunciantes puede animar a otros a presentarse y aumentar la probabilidad de que se descubran y se procesen los delitos «, dijo María Emilia Berazategui, Coordinadora de Defensa Global de Transparencia Internacional, y Presidenta del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del C20.
La declaración conjunta reconoce las disposiciones anticipadas contenidas en la nueva directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes y la reciente reforma sobre la protección de los denunciantes en el sector privado en Australia. También señala que «si bien muchos países del G20 han adoptado legislación sobre denuncias de irregularidades, estas leyes a menudo dejan lagunas importantes y no llegan a las mejores prácticas».
Los Principios de alto nivel del G20 sobre denuncias deben reflejar las mejores prácticas en la protección de los denunciantes tanto en el sector público como en el privado, independientemente de su relación contractual, según estos activistas.
Específicamente, los principios deben:
- cubrir una amplia gama de irregularidades y definiciones de denunciantes;
- garantizar la confidencialidad de los denunciantes;
- garantizar el derecho de los denunciantes a informar directamente a las autoridades externas;
- proporcionar remedio y compensación a los denunciantes que experimentan consecuencias negativas por denunciar irregularidades;
- colocar la carga de la prueba en los empleadores para demostrar que cualquier perjuicio sufrido por los denunciantes no se debe a sus revelaciones;
- involucrar a una amplia gama de partes interesadas en la revisión y diseño de las leyes nacionales;
- Promover la creación de canales de información sensibles al género.
Acceso a la declaración completa
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