La Asamblea Nacional Francesa acaba de aprobar en primera lectura el tercer proyecto de ley de reforma financiera (PLFR3). Este proyecto de ley otorga alrededor de 45 mil millones de euros más para ayudar al sector del turismo, el automóvil y la aeronáutica francesas. Pero, a cambio, las grandes empresas tendrán que asumir compromisos medioambientales.
Concretamente, las empresas con más de 500 millones de euros de facturación y en las que el Estado tenga participaciones, deberán publicar cada año un informe sobre el respeto de sus compromisos climáticos » en línea con los presupuestos sectoriales de carbono» de la Estrategia Nacional. Si no cumplen con estas medidas, tendrán que adoptar medidas correctivas pudiendo imponer multas de hasta 375,000 euros en caso de incumplimiento de estas obligaciones de publicación pero no en caso de incumplimiento de las obligaciones, lo que ha sido fuertemente criticado por los grupos ecologistas.
Para Greenpeace Francia, «nada en el texto del PLFR 3 hace posible condicionar seriamente la ayuda estatal a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas que se benefician de ella. Todo se devuelve a la discreción de las propias empresas, que se convierten en jueces y partes, sin ningún mecanismo de sanción proporcionado por las autoridades públicas en caso de una huella de carbono deficiente. Es la misma receta que ha durado años sin traer ningún resultado concreto.»
Según una encuesta reciente del instituto BVA, el 88% de los franceses cree que los políticos deben obligar a las empresas a emitir menos gases de efecto invernadero. Y el 81% de las ayudas públicas deben estar sujetas a la obligación de reducir sus emisiones de CO2 para las grandes empresas. Establecer trayectorias vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una forma de hacerlo, junto con el control parlamentario y un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones ecológicas, como la prohibición de pagar dividendos.
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