Noemí Torollo
13 de junio de 2020
A principios de mayo 2020 se publicó el Informe Anual del Defensor del Pueblo, cuyo volumen II está dedicado a la contribución de la inmigración a la economía española[1]. Este informe ayuda a rebatir con datos objetivos argumentos xenófobos y bulos que corren como la pólvora sobre el fenómeno de la inmigración.
Los movimientos migratorios existieron ayer, existen hoy y existirán mañana y las economías mundiales han crecido gracias a los mismos. Aunque es interesante leer el informe completo para tener una visión global de la relación entre inmigración y economía, en este caso en España, destaco en este artículo varias consideraciones que me parecen importantes.
Reto demográfico
El informe destaca que el saldo vegetativo de la población nativa en España, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, ha venido reduciéndose desde 2008 siendo negativo en los últimos cuatro años. La consecuencia directa es el envejecimiento de la población española a causa de:
- La caída de la natalidad, y por ende la ralentización del crecimiento poblacional, debido a diversos factores relacionados con la “economía, el cambio cultural, educativo y de valores en torno a la familia y a la maternidad, así como a los cambios en las dinámicas de los roles hombre-mujer”.
- El incremento de la esperanza de vida, la cual, es hoy la más alta de toda la Unión Europea (83,4 años).
Este saldo negativo provoca que se reduzca la mano de obra en algunos sectores del mercado de trabajo y es aquí donde resulta de vital importancia la llamada “migración de sustitución o reemplazo”. Esta migración ayuda a aliviar la crisis demográfica porque, por un lado, la población inmigrante recién llegada es predominantemente más joven aumentando así la población activa, y por otro lado, por el impacto de la inmigración en la tasa de fertilidad. Así, “el crecimiento de la población total entre 2002 y 2019 (14,8%) no se debe al incremento de la población nacida en España, que apenas ha crecido un 4,3 % sino a la aportación de la población nacida en el extranjero, que casi se ha multiplicado por tres”. En consecuencia, se puede expresar que “sin el saldo migratorio positivo, la población española habría descendido” afectando a la sostenibilidad del sistema económico, sobre todo, del sistema de pensiones.
Mercado de trabajo
Ante expresiones como “los inmigrantes sobran” o “los inmigrantes nos están quitando nuestro trabajo”, el Defensor del Pueblo contesta con los siguientes argumentos:
En este sentido, “los ocupados extranjeros suponen el 20% de los empleados en servicios de restauración, comercio, atención personal o seguridad y representan el 34% de las ocupaciones elementales asociadas a cualificaciones mínimas y a las tareas más penosas”. Además, se debe tener en consideración que “los extranjeros, en promedio, presentan niveles formativos más elevados de lo que tradicionalmente se sospecha”.
Asimismo, es importante destacar que “la contribución de la inmigración no debe observarse solo como un valor en el extremo inferior de la escala de cualificación. Cualquier economía que apueste por un crecimiento apoyado en la innovación y el desarrollo o que simplemente no quiera verse orillada a largo plazo por el imparable proceso de revolución tecnológica, requiere necesariamente la contribución de inmigración laboral, preferiblemente joven y preferiblemente cualificada”.
Estado de bienestar y el “efecto llamada”
Es de sobra conocido el comentario de que nuestro Estado de bienestar provoca un “efecto llamada” en la inmigración porque, entre otros factores, es supuestamente más fácil para este colectivo acceder a prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, esto no es cierto ya que para acceder a la mayoría de las prestaciones se necesitan cumplir requisitos de “contributividad” o residencia que son iguales para todos los ciudadanos independientemente de la nacionalidad u origen.
La contribución al sistema exige un empleo, con lo cual, ya se está excluyendo a los inmigrantes en situación irregular y además, como expresa el estudio, “en todo caso, si algo podría constatarse, es la existencia de algunas restricciones para los extranjeros en la aplicación práctica de los criterios de elegibilidad, así, por ejemplo, para el caso de prestaciones no contributivas la exigencia de un periodo mínimo de residencia supone de facto una restricción de acceso a los extranjeros” (por ejemplo, para acceder a la prestación no contributiva de jubilación se establece una residencia mínima de 10 años en territorio nacional).
En este sentido, y como factor de atracción, “debemos pensar que los potenciales beneficios del sistema de protección social son secundarios al menos si se comparan con la eventual oportunidad de empleo y estatus administrativo regular”. Además, el estudio afirma que “en España el modelo de estado de bienestar generalmente se considera de amplia cobertura en servicios y prestaciones pero de baja o muy baja intensidad protectora, es decir, escasa efectividad para combatir las formas de exclusión social” lo que viene reflejado en la desigualdad existente entre extranjeros y españoles.
Integración de la inmigración
En relación a la integración, el informe afirma que “la política migratoria en sentido amplio y no solo en lo que toca al control de fronteras, debería ser asunto prioritario y permear de forma transversal el diseño, ejecución y control de buena parte de las acciones de gobierno a todos los niveles”.
En esta misma línea se ha expresado la Organización Internacional para las Migraciones al indicar que “los migrantes a menudo aportan beneficios significativos a sus nuevas comunidades en forma de capacidades, aumento de la fuerza de trabajo, inversiones y diversidad cultural. Sin embargo, si la migración está mal administrada puede tener un impacto negativo en el desarrollo, poner en peligro a los migrantes, someter a tensiones a las comunidades y minimizar los beneficios en materia de desarrollo”[2].
Tomando como referencia el marco de la Agenda 2030, son varios los Objetivos de Desarrollo Sostenible[3] que persiguen esta integración:
- ODS8 sobre trabajo decente y crecimiento económico: proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular, las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
- ODS10 sobre reducción de las desigualdades: facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Así pues, es importante seguir estos objetivos para gestionar de una manera más inclusiva y humana el fenómeno migratorio potenciando sus efectos positivos en las sociedades. La plena y efectiva integración debería ser la meta a conseguir.
Como puede observarse en países con amplias trayectorias migratorias, la diversidad no genera otra cosa que riqueza y no solo en el aspecto económico. Si la Agenda 2030 busca no dejar a nadie atrás, los Gobiernos deben actuar con sus políticas migratorias en consecuencia.
[1]. Informe del Defensor del Pueblo 2019: https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/
[2]. La migración en la Agenda 2030: guía para profesionales, pag.11, OIM https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_es.pdf
[3] Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Imagen: Freepik
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