En la semana del 8 de Marzo, desde Agora queremos participar en el debate público sobre la igualdad de género, los derechos de la mujer y en especial, sobre la lacra de la violencia de género.
Según el informe anual sobre violencia de género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en 2021 se registró un «máximo histórico» de sentencias condenatorias por violencia de género, pero también aumentó en un 9,3% respecto a 2020, el número de mujeres víctimas que superó las 159.300. Además, las denuncias experimentaron también un crecimiento el año pasado, en este caso de un 8%, al contabilizarse un total de 162.848, es decir, una media de 446 diarias, en 2021 frente a las 150.785 denuncias que se habían presentado un año antes.
Del mismo modo, el CGPJ destaca que 10 de cada 100 mujeres renunció a declarar contra su agresor. Un dato significativo es que también aumentaron las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
En este contexto, donde el apoyo a las víctimas sigue siendo fundamental así como la educación en valores de igualdad y respeto, entrevistamos a Victoria Rosell, magistrada y desde enero de 2020, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre la situación actual en España, el balance de las medidas adoptadas y nuevos instrumentos para aumentar la efectividad de la protección a las víctimas.
Victoria, ¿Estamos avanzando en la lucha contra la violencia de género? ¿Cuál sería el balance de las medidas establecidas para combatirla a día de hoy?
En las dos últimas décadas las violencias machistas han obtenido una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de los desafíos a que se enfrentan los poderes públicos para su prevención y erradicación. La violencia contra la mujer es una problemática estructural que atañe a toda la sociedad. Combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Nuestro país ha demostrado su gran capacidad de respuesta eficaz en materia de prevención, detección precoz, atención integral especializada y reparación a las mujeres víctimas de violencia de género y también a sus hijos e hijas.
Porque cada vez existen más puertas institucionales seguras para salir de las violencias y para garantizar todos sus derechos. A esto se refiere la protección integral: a la que no se limita a la policía y juzgados de violencia sobre la mujer, sino a toda una red de recursos que no dependen de que la mujer afectada presente denuncia, porque sabemos que la infra denuncia en violencia en la pareja o ex pareja es de un 70% y en violencia sexual de un 90%, según los datos sostenidos de las sucesivas Macroencuestas de Violencia contra las Mujeres.
Las víctimas han de saber que no están solas, y que cuando lo necesiten pueden acudir a diferentes servicios específicos, como el 016, los servicios especializados autonómicos y municipales, servicios sociales, hospitales y otros centros sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, y sin lugar a dudas, a las oficinas de farmacia, donde siempre van a encontrar una mano tendida como lugares seguros y de apoyo a todas ellas.
Siendo conscientes de que la lucha contra las violencias machistas requiere de una acción unitaria y de la máxima cooperación y colaboración en el rechazo, identificación y denuncia de cualquier situación de violencia de género, en julio de 2021, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de información, prevención y sensibilización en materia de violencia contra la mujer.
Uno de los compromisos adquiridos por ambas partes consistió en la elaboración y publicación de un Protocolo de Actuación en la farmacia comunitaria ante la violencia de género con el fin de que se puedan detectar las primeras señales de la violencia y cómo actuar ante un posible caso. Este protocolo pretende establecer una pauta de actuación normalizada y homogénea a efectos de detección precoz y actuación ante posibles casos de violencia de género, de tal manera que, ante una situación de violencia de género, el personal farmacéutico pueda facilitar la información necesaria a las mujeres que acudan a una farmacia y requieran de atención integral –física, psicológica, emocional y social– por parte de recursos especializados.
En este sentido, las 22.137 oficinas de farmacia y todo su personal adquieren un protagonismo especial al convertirse en una red de servicios esencial y accesible para todas las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, un lugar idóneo dónde pedir ayuda para obtener una información cualificada, suministrada por los profesionales y por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Durante lo más duro de la pandemia de la COVID -19 salimos a ventanas y a aplaudir al sector sanitario que nos estaba salvando la vida. Sepan que tienen nuestro aplauso institucional y nuestro profundo agradecimiento la sociedad civil y sectores profesionales que se forman, informan y abren en sus propios entornos, en este caso las oficinas de farmacia, una puerta de salida de la violencia contra las mujeres. Porque ustedes también salvan vidas.
La lucha contra la violencia de género precisa más capilaridad para que llegue a todos los estamentos sociales y a todas las generaciones en todo el territorio nacional. ¿Cómo pueden colaborar las empresas? ¿Qué iniciativas hay ya en marcha?
Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa que contribuye a la sensibilización de las empresas ante la violencia de género y a la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.
a) la sensibilización de las empresas ante la violencia de género, que se gestiona directamente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y; b) la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, que se gestiona por el Instituto de las Mujeres. En esto momentos la parte de la Iniciativa que gestiona la Delegación está en fase de revisión de cara a su renovación. La modalidad de inserción laboral gestionada por el Instituto de las Mujeres está plenamente activa.
En el ámbito laboral, están vigentes la renta activa de inserción para las mujeres víctimas de violencia de género y el programa de inserción socio laboral. ¿Hay empresas que se estén sumando a estas iniciativas? ¿Se han medido resultados desde la Delegación del Gobierno?
La autonomía económica de las mujeres es fundamental para romper con el círculo de la violencia y garantizar su recuperación. La Renta Activa de Inserción se gestiona por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según los últimos datos que tenemos en 2020 unas 25.288 mujeres accedieron a la RAI por ser víctimas de violencia de género. Por otro lado, la ley orgánica 1/2004, también establece, en su art. 27, una ayuda de pago único a mujeres víctimas de violencia de género, que carecen de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias; y tienen especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales. Se han concedido unas 9.040 ayudas del art. 27.
A su vez el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, aprobó el programa de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia de género. Las medidas de actuación del Programa que se contemplan en dicho programa son:
- a) Itinerario de inserción socio-laboral, individualizado y realizado por personal especializado.
- b) Programa formativo específico para favorecer la inserción socio-laboral por cuenta ajena, en el que se trabaje en aspectos personales en su caso, llevando a cabo actuaciones dirigidas a incrementar la autoestima y motivación para el empleo, y en aspectos profesionales de las mujeres participantes en el programa.
- c) Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- d) Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.
- e) Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.
- f) Incentivos para compensar diferencias salariales.
- g) Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica
La mayor parte de este Programa se gestiona por los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA a quienes corresponden las políticas activas de empleo.
El SEPE facilita datos sobre Contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia. Hasta 2020 se habían firmado 10.742 contratos bonificados.
Todas son medidas que facilitan la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Respecto al papel de los medios de comunicación, se debate a veces que pueden producir un efecto mimético o contagio en los violentos en vez de promover la sensibilización. ¿Cuál es el mejor lenguaje para abordar la violencia de género?
Como se ha señalado, la violencia contra las mujeres está ligada al sexismo que se refuerza por los estereotipos de género que afectan a mujeres y hombres, y niñas y niños e impide la consecución de la igualdad de género. En la tarea de sensibilización, los medios de comunicación cumplen un papel insustituible en orden a una eficaz prevención y lucha contra la violencia de género así como en la elaboración de contenidos de entretenimiento basados en los valores de igualdad y respeto. Recientemente la Delegación ha publicado el estudio “Violencia contra las mujeres y medios de comunicación”. El principal objetivo de este trabajo es explicar, contextualizar y analizar, desde el respeto hacia las víctimas, centrarse en los datos de las víctimas y supervivientes de cada caso de violencia machista y no dar voz a un posible agresor ni contribuir al relato de la equidistancia, que reduce estas violencias a problemas privados entre partes. Tampoco al vecindario o gente que reproduzca estereotipos o incluso alabe al agresor o critique a la víctima: si se entrevista a alguien, que sea información oficial o una persona experta.
En cuanto al efecto mimético, la Delegación, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, publico con el Instituto de Salud Carlos III, el estudio “Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España a lo largo de 15 años (2003-2017)”. En relación con el análisis de la existencia de un patrón generalizado de incremento del riesgo de asesinato en días sucesivos, no se han encontrado evidencias de que la ocurrencia de un asesinato por violencia de género en un día cualquiera conlleve un incremento del riesgo en los días consecutivos.
En redes sociales también se da violencia de género ¿cuál es la mejor estrategia para luchar contra la violencia de género en redes? ¿Contestarla, ignorarla, denunciarla?
La mejor estrategia es combatir la desinformación, los estereotipos sexistas y los discursos negacionistas, mediante las evidencias, los datos y la mejora del conocimiento en la materia. Por ello la Delegación lleva mucho tiempo trabajando en la elaboración de estadísticas y estudios científicos en materia de violencia contra las mujeres.
Con la mejora del conocimiento sobre la violencia contra las mujeres en España se contribuye dar una visión real, detallada y actual de la entidad de las violencias contra las mujeres y sus consecuencias y se combaten los discursos que niegan y banalizan la violencia estructural que sufren las mujeres por razones de género. Los datos y los estudios nos ayudan a partir de la realidad para definir las políticas legislativas y gubernativas a todos los niveles, que han de contribuir a la sensibilización, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres por razón de género.
Dichas estadísticas y Estudios se difunden a través de todos los canales de comunicación y redes sociales del Ministerio de Igualdad y de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.
En el caso concreto de perfiles de los denominados trolls, de haters (odiadores), de negacionistas de la VG y desde luego anónimos o conocidos antifeministas, sí es importante no entrar al trapo, no alimentar sus perfiles en RRSS porque lo que buscan es visibilidad y no pueden obtenerla a costa de perfiles feministas o institucionales, máxime en un momento en el que estamos sufriendo una grave e intensa violencia política.
Finalmente, la Intervención contra la violencia de género en el ámbito local es básica. Recientemente se ha lanzado la iniciativa “Farmacias contra la violencia de género” ¿Qué otro tipo de iniciativas locales se pueden poner en marcha para frenar esta lacra?
El papel de las entidades locales que son las más próximas a las víctimas y en ocasiones las primeras administraciones que tienen contacto con las mismas, es fundamental.
Por ello la primera medida que se aprobó tras la moción de censura fue modificar la ley de Bases de Régimen local para devolver a los Ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género en cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género. El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en la Disposición final primera del Real decreto-ley, reformó el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para incluir la igualdad y la violencia de género entre las competencias propias de los Ayuntamientos.
Por otra parte, las leyes de presupuestos generales del Estado, desde 2018, contemplan una partida específica para transferencias a las entidades locales, para que puedan desarrollar actuaciones en materia de violencia de género en cumplimiento del Pacto de Estado.
En 2021 este crédito se duplicó respecto a lo inicialmente previsto en el Pacto y alcanzo los 40.000.000€. Dicha cuantía se ha mantenido en 2022. Con estos fondos la mayoría de las entidades locales llevan a cabo actuaciones de sensibilización y campañas de concienciación social en sus municipios.
Por otro lado, en cumplimiento del Pacto de Estado que nos insta a implicar a las Entidades Locales en la elaboración de materiales, campañas y protocolos de actuación, que incidan en la necesidad de establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual, en espacios públicos, en el verano de 2021, hemos fomentado la instalación de Puntos Violeta municipales, un instrumento para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista. El objetivo era extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Es muy impronta te dar información de calidad, no cometer errores, no derivar a la mujer al sitio equivocado porque puede ser disuasorio. Apoyarla sin juzgarla y acudir a loa recursos oficiales y, si has recibido formación, dar la primera información imprescindible. Si no, es mejor que se la de otra persona pero que la mujer la reciba correctamente, que sienta que no está sola y que hay toda una red estatal, autonómica y local coordinada para que pueda salir de la violencia machista.
Deja una respuesta