16 de junio de 2021
En los últimos días los parlamentos de Noruega y Alemania han aprobado nuevas leyes en debida diligencia obligatoria para las empresas, que se suman a las iniciativas que se han tomado en los últimos años en Europa y que suponen un avance en la exigencia legal para que las empresas se hagan responsables de los impactos en derechos humanos en su cadena de valor.
El día 10 de junio el parlamento noruego aprobó la Ley de Transparencia Empresarial y Trabajo con Derechos Humanos Básicos y Trabajo Decentes (Ley de Transparencia).
El propósito de la Ley de Transparencia es promover el respeto de las empresas por los derechos humanos fundamentales y las condiciones de trabajo dignas en la producción de bienes y servicios, y garantizar el acceso público a la información sobre cómo las empresas manejan los impactos negativos. Por ello la ley exige a las empresas que realicen evaluaciones de debida diligencia para poder frenar, prevenir o limitar los impactos negativos causados de forma directa o a través de sus cadenas de suministro o socios comerciales, y que esas evaluaciones sean públicas si así lo solicitan partes interesadas. Las empresas deberán además proporcionar información sobre cómo trabajan para hacer frente a estos impactos negativos.
La sección noruega de Amnistía Internacional ha trabajado en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil para impulsar esta ley. Aunque algunos aspectos de la misma no responden a las propuestas que hicieron las organizaciones, Amnistía considera que supone un paso importante en la buena dirección.
Además de este avance, el pasado 11 de junio, el parlamento alemán aprobó la ley alemana de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, que obliga a ciertas empresas a llevar a cabo procedimiento de debida diligencia en derechos humanos y, de forma limitada, a cuestiones medioambientales.
La ley alemana también intenta fortalecer los derechos de las personas afectadas por los abusos empresariales. Aunque Amnistía Internacional acoge favorablemente la ley como un primer paso hacia una legislación obligatoria, también señala sus limitaciones. Una de ellas es su ámbito de aplicación, que deja fuera a numerosas empresas, y además fracasa en la introducción de la responsabilidad civil de forma específica. Por otro lado, se da capacidad procesal a los sindicatos y ONG y un potencial papel de vigilancia a un mecanismo administrativo.
La valoración de Amnistía sobre esta ley está disponible en ingles en el siguiente enlace: https://www.amnesty.eu/news/german-supply-chain-law-step-in-the-right-direction-yet-still-failing-victims/
En España, Amnistía Internacional también trabaja con otras organizaciones de la sociedad civil para impulsar una ley debida diligencia obligatoria a nivel estatal.
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