La sensibilización mundial sobre el cambio climático es una tendencia creciente que cobró impulso por el Acuerdo de París y que lejos de perder fuelle en el contexto internacional, ha ido aquilatándose desde aquel diciembre de 2015.
El negacionismo de Trump ha sido un revulsivo para los activistas medioambientales, no sólo por la torpeza que caracteriza la política informativa del presidente, sino porque su confrontación con una realidad climática apabullante ha sobredimensionado el impacto de la postverdad climática de su Administración.
Los activistas, ya sean empresas, CEOs, alcaldes, gobernadores o incluso militantes republicanos, se han multiplicado, al tiempo que la variedad de demostraciones a favor de nuevas y radicales políticas medioambientales.
Del lado europeo, los cinco escenarios de acción de la UE, en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, muestran claramente una estrategia política que si bien abandona la sostenibilidad como eje central de la política económica europea frente a la Estrategia 2020, concede un protagonismo muy sintomático al cambio climático.
En este contexto, y a nivel empresarial, el cambio climático está evolucionando como un tema de responsabilidad social corporativa a un asunto clave para el bottom line financiero y el núcleo del negocio.
El reporte de la información sobre los riesgos del cambio climático no sólo viene impuesto por la directiva de información no financiera sino que será crecientemente importante para los inversores a la hora de adoptar decisiones financieras. La línea divisoria entre la información reportada y la transparencia informativa está siendo cada vez más fina, eliminando así la tradicional reticencia de las empresas a reportar sobre aspectos negativos de su desempeño o simplemente, a maquillar los impactos más controvertidos.
En este sentido, la sensibilización sobre las consecuencias de las operaciones empresariales en el cambio climático sin duda se verá impulsada por la primera demanda mundial a una institución financiera sobre la (no) divulgación de sus riesgos climáticos.
El Commenwealth Bank (CommBank) de Australia afronta una demanda por no haber divulgado correctamente los riesgos de cambio climático de sus operaciones en su informe anual de 2016. Según la demanda, la inadecuada divulgación de esta información priva a sus accionistas de una “visión veraz y adecuada” de la posición financiera y desempeño de la empresa y choca con las secciones 297 y 299A de la Corporation Act de 2001 australiana. Así, la Sección 299A establece que los informes anuales deben proporcionar suficiente información para permitir a los accionistas adoptar decisiones informadas sobre la posición financiera de la empresa, y que las empresas deben incluir un informe del director que permita a los accionistas adoptar una opinión informada sobre las operaciones de la empresa, estrategias de negocio y perspectivas futuras.
La demanda fue presentada por los abogados de Environmental Justice Australia (EJA) el pasado martes 8 de agosto en representación de un matrimonio de accionistas del CommBank, Guy and Kim Abrahams, y busca un interdicto para impedir que el banco repita este tipo de omisiones en el futuro.
El argumento de los demandantes guarda similitudes con los alegados en el caso Volkswagen por consumidores españoles. Según Guy Abrahams, compraron hace más de 20 años acciones del Commonwealth Bank como una inversión para el futuro de sus hijos, y que como accionista preocupado por los riesgos que el cambio climático plantea al medioambiente y la sociedad, el banco debería informar a sus inversores de los riesgos que en esta materia asume en sus operaciones.
La demanda asume así, una recomendación de la Task Force del G20 sobre información financiera relacionada con el Clima a principios del verano, para que las empresas divulgaran este tipo de información en sus informes financieros – así como las advertencias de la Australian Prudential Regulation Authority de que el cambio climático plantea un riesgo material al sistema financiero en su conjunto. Estos riesgos climáticos pueden ser físicos (ejemplo, cuando eventos climáticos extremos afectan a la propiedad u operaciones de negocio) o riesgos de transición (el efecto de nuevas leyes o políticas diseñadas para mitigar el cambio climático, o cambios de mercado como la transición a economías renovables o tecnologías de bajas emisiones).
Para el Abogado de la EJA, David Barnden, los riesgos de cambio climático del CommBank son extensivos, y van desde la amenaza del aumento del nivel del mar hasta el mercado inmobiliario o el riesgo reputacional planteado por la financiación por el banco de actividades de extracción e infraestructura fósiles.
Otros países cuentan ya con exigencias de reporte similares a las de Australia. En el Reino Unido, el banco de Inglaterra y otras entidades financieras han dejado claro que los riesgos climáticos deben ser considerados por bancos y entidades aseguradoras, resaltando así la escala de las operaciones de estas entidades y de sus impactos negativos. Algunas entidades bancarias ya han adoptado políticas proactivas en esta materia aunque es cierto que todavía falta transparencia. En el caso de ING se acordó conceder un crédito a Royal Philips a un tipo de interés ligado al desempeño en sostenibilidad de esta empresa,pero a requerimientos de AGORA no se han facilitado condiciones básicas de esta política. Del mismo modo, BNP Paribas ha anunciado una nueva política en relación con el aceite de palma que establece una producción responsable como precondición para la financiación.
Lo importante de este caso, más allá del fallo final, es que los riesgos sobre cambio climático y su reporte, han cruzado la línea de la responsabilidad social corporativa, para situarse claramente en el triple bottom line del negocio, y a convertirse en un asunto de relevancia para clientes, consumidores, inversores y accionistas, especialmente cuando estas empresas tienen una exposición clara en el sector de los combustibles fósiles.
Esta demanda podría tener ramificaciones globales. Y se une además a las demandas planteadas ya en materia de cambio climático:
- por ejemplo, la demanda planteada por tres gobiernos locales de California frente a 20 empresas de energía por ser responsables del 20% de las emisiones de CO2 mundiales entre 1965 y 2015, reclamándoles el coste de la adaptación de estas ciudades costeras al aumento de los niveles del mar;
- La demanda de un estudiante de derecho de nueva Zelanda al Ministerio de Cambio Climático sobre los objetivos de reducción de emisiones,
- Esta tendencia también se observa en el Reino Unido donde se han planteado demandas a empresas de gas y petróleo como SOCO International y Cairn Energy por no divulgación de riesgos asociados al cambio climático.
- Exxon Mobile está actualmente siendo investigado por el Fiscal General de Nueva York y California por sus prácticas de reporte. Al mismo tiempo, una demanda colectiva por accionistas alega que Exxon Mobile no publicó informes internos sobre los riesgos climáticos planteados por sus reservas de gas y petróleo, y valoró en consecuencia estos activos de forma artificialmente alta.
- La demanda de daño público planteada por la ciudad de Kivalina en Alaska, forzada a reubicarse por el aumento del nivel del mar, frente a 22 empresas de energía, o el caso de planteado por la Urgenda Foundation, donde el gobierno holandés fue obligado a reducir sus emisiones a un mínimo del 25% para 2020.
En el caso de la industria financiera, su relevancia frente al cambio climático es vital. A modo de ejemplo, los cuatro primeros bancos australianos participan en sus carteras de proyectos intensivos en combustibles fósiles, y en la medida en que el mundo se mueve hacia los combustibles fósiles estos proyectos son cada vez más problemáticos, de forma que estos activos sean cada vez considerados como pasivos en sus estados financieros.
Del mismo modo, la vida útil de esos proyectos se reduce y en consecuencia, su valor. Las empresas que confíen en la explotación de combustibles fósiles hacen frente a crecientes riesgos de transición, al igual que los bancos que les prestan dinero e invierten en ellos. Son estos riesgos los que se plantean en esta demanda.
Los límites difusos del cambio climático desde un punto de vista económico y jurídico parecen irse acotando.
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