Helena Ancos
1 de marzo de 2021
Varias organizaciones han lanzando una petición para exigir la salida colectiva de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Un tratado poco conocido, que para las ONG ralentiza la transición energética al proteger a los inversores de los combustibles fósiles.
Desde hace tiempo, el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) está en el centro del debate de la transición energética por los temores a que pueda comprometerla. El acuerdo tal como demandan algunas ONG ambientales protege a los contaminadores y da la oportunidad a los inversionistas energéticos de demandar a un Estado si implementa una política contraria a sus intereses.
Una petición, lanzada el pasado 23 de febrero, pide a la Unión Europea que salga de este acuerdo mientras comienzan nuevas discusiones en la Comisión en marzo. Lanzado por decenas de organizaciones en Europa como WeMove, y apoyado por una multitud de ONG, incluidas Youth for Climate, Greenpeace o Alternatiba, contaba con 200.000 firmas al día siguiente de su lanzamiento.
Antecedentes
El Tratado sobre la Carta Energética firmado en 1994, fue diseñado para impulsar la inversión en infraestructuras como plantas de carbón y oleoductos y ayudar a reconstruir los países del antiguo bloque soviético.
Permite la creación de una justicia paralela a los tribunales nacionales dando como resultado que la mayoría de los casos, son las empresas europeas las que atacan a los países europeos. Así, sobre la base del Tratado, la empresa energética alemana RWE confirmó a principios de febrero que demandaría a los Países Bajos por su política de eliminación progresiva del carbón, argumentando que esta decisión le haría perder más de mil millones de euros.
Un tratado que ralentiza la transición energética
Para muchas ONG medioambientales, el Tratado ejerce presión sobre los países que desean iniciar una transición energética. Además, para el colectivo de periodistas Investigate Europe que ha publicado una reciente investigación sobre el Tratado estos temores se basarían en los siguientes datos:
- La infraestructura fósil protegida por el Tratado de la Carta de la Energía en la UE, Gran Bretaña y Suiza tiene un valor de 344,6 mil millones de euros. Esto es más del doble del presupuesto anual total de la UE y corresponde a 660 euros por residente.
- Tres cuartas partes de la infraestructura fósil protegida son yacimientos de gas y petróleo (126.000 millones de euros) y oleoductos (148.000 millones de euros).
- Dado que los inversores pueden demandar no solo por el valor de su infraestructura sino también por las expectativas de lucro cesante, la suma real de posibles reclamaciones de indemnización podría ser incluso mucho mayor. De ahí que para suavizar las leyes climáticas, las empresas ni siquiera tienen que demandar. El mero hecho de que puedan demandar puede ser suficiente para influir en las medidas climáticas. A veces, las empresas incluso amenazan abiertamente a los gobiernos.
Aunque el Tratado sobre la Carta de la Energía tenía como objetivo proteger las inversiones en Estados con situaciones legales inciertas, el 74 por ciento de los casos de la Carta de la Energía son ahora demandas entabladas por inversores de la UE contra estados de la UE.
Más concretamente ¿Por qué puede ser un obstáculo para el Green Deal?
El problema central para los países de la UE es que el tratado permite a las empresas privadas demandar a los gobiernos por daños y perjuicios si el valor o los beneficios futuros de las inversiones privadas se ven afectados por la nueva legislación. Esas demandas se escuchan en audiencias de arbitraje privadas, no en tribunales públicos.
Una ley para cerrar las centrales eléctricas de carbón, por ejemplo, puede ser considerada como una expropiación indirecta en virtud del tratado y exigir una indemnización al gobierno afectado. Así algunos analistas sospechan que esta amenaza pudo haber reforzado los reclamos de compensación de las compañías de energía del carbón mientras negociaban a puerta cerrada con el gobierno alemán sobre el cierre de la industria en 2038.
Soluciones jurídicas
“ El sector de los combustibles fósiles en Europa, Reino Unido y Suiza, amparado por el Tratado de la Carta de la Energía, vale 344.600 millones de euros ”, según la investigación, cerca del doble del presupuesto anual total de la Unión Europea.
La Comisión Europea reconoce que no hay una salida fácil, ya que retirarse del tratado desencadenará una cláusula de extinción en virtud de la cual los inversores aún pueden demandar a los gobiernos durante otros 20 años.
La Comisión Europea aboga por una modernización del Tratado, con el objetivo de reducir la protección de los sectores del carbón y del petróleo, y sumar la protección de las inversiones en hidrógeno y biomasa. Pero primero sería necesario obtener el acuerdo de todos los países signatarios del Tratado, cuando Japón ya ha expresado su oposición. Del mismo modo, en un borrador filtrado del informe anual del tratado, los países que no son miembros de la UE no muestran signos de que estén dispuestos a renunciar a la cláusula clave de protección del inversor del tratado. Tal es el caso de Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, Mongolia y Uzbekistán.
Para el jefe de comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, negociar cambios al tratado sería la solución preferida. Pero si la UE fracasa en su intento de alinear el tratado con el Acuerdo de París dentro de un plazo razonable, la Comisión puede considerar proponer otras opciones, incluida la retirada del TCE. Francia y España estarían a favor de esta retirada.
A principios de febrero, Bélgica solicitó al TJUE que dictaminara en nombre del bloque si las cláusulas de protección de la inversión en el Tratado de la Carta de la Energía son legales según la legislación de la UE.
Si bien la UE ha firmado docenas de acuerdos de disputa entre inversores y Estados con países externos, el TJUE en 2018 dictaminó que tales tratados eran ilegales si se firmaban entre dos miembros de la UE. El tribunal argumentó que la ley de la UE ofrecía suficientes protecciones para los inversores, mientras que eludir los tribunales públicos socavaba el sistema legal de la UE.
Se espera que el tribunal se ciña a la misma lógica y anule la aplicación de la Carta de la Energía entre los miembros de la UE. Pero eso dejaría un vacío legal para que las empresas de servicios públicos demanden a los gobiernos si se incorporan en un país no perteneciente a la UE que también es miembro del Tratado de la Carta de la Energía.
Otra opción sería que si el tribunal ratifica el ECT, otra solución sería que todos los países de la UE se retiraran colectivamente y llegaran a un acuerdo entre ellos de que no permitirán que sus empresas utilicen el ECT entre sí.
En definitiva, un escollo más en la transición climática que debería abordarse también por la vía de la acción colectiva, entre los países miembros de la UE y los países de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que aglutinan un porcentaje muy importante de la inversión en el sector energético, y por la vía de la diplomacia corporativa, teniendo en cuenta que la transición energética es un camino sin retorno y muchas de las empresas afectadas están ya en fases muy avanzadas de transformación hacia otros nichos de mercado y tendrán que negociar sí o sí con las autoridades estatales.
Imagen: Freepik
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